--- canonical_url: "https://vientostucumanos.com.ar/contenido/23513/nunca-existio-una-transferencia-de-20-millones-de-pesos-ni-nada-parecido-dijo-el" title: "“Nunca existió una transferencia de 20 millones de pesos ni nada parecido”, dijo el fiscal Enrique Rojas" article_type: "Article" description: "El fiscal de Cámara Penal brindó este miércoles un extenso descargo ante los medios y negó haber recibido $20 millones para favorecer a una de las partes en un conflicto judicial. Explicó que existió una operación crediticia por un monto menor, cuestionó la documentación difundida y relató la denuncia que realizó tras recibir amenazas para que frenara una investigación." main_image: "https://vientostucumanos.com.ar/download/multimedia.grande.aaebf228ee705e21.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-09-30T19:57:00-03:00" date_modified: "2026-09-30T20:08:44-03:00" author_name: "Vientos Tucumanos Noticias" author_url: "https://vientostucumanos.com.ar/usuario/2/vientos-tucumanos-noticias" category_name: "JUDICIALES" category_url: "https://vientostucumanos.com.ar/categoria/7/judiciales" --- # “Nunca existió una transferencia de 20 millones de pesos ni nada parecido”, dijo el fiscal Enrique Rojas ![7B05F1E0-BA2C-4ABD-9682-2A9F22DFCEFC](/download/multimedia.normal.ab9a6cd52e152844.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) El fiscal de Cámara Penal Enrique Rojas salió este miércoles a responder públicamente a las acusaciones que en los últimos días lo vincularon con una presunta transferencia de 20 millones de pesos relacionada con un conflicto judicial. En una conferencia con medios de comunicación, el funcionario negó haber recibido ese dinero, explicó el origen de una operación económica que, según sostuvo, habría sido presentada de manera tergiversada y dio detalles de la denuncia por coacción que realizó luego de recibir amenazas. “Lo primero que quiero aclarar es que sí, soy fiscal de Cámara Penal, estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana en Concepción. Ahora cumplo funciones en la Fiscalía de Cámara Conclusional número 3 en San Miguel de Tucumán, y no existieron ninguna irregularidad”, comenzó explicando Rojas ante el micrófono de Vientos Tucumanos. El fiscal sostuvo que buena parte de la información difundida sobre el caso es falsa y remarcó que, paralelamente, los hechos se encuentran bajo investigación. Uno de los principales puntos de su descargo estuvo relacionado con los 20 millones de pesos que aparecen mencionados en las acusaciones. Consultado directamente sobre si había recibido esa suma para favorecer a una de las partes en un litigio judicial, Rojas respondió: “Nunca existió una transferencia de 20.000.000 de pesos ni nada parecido”. Según explicó, además de negar que haya recibido ese dinero, existe una cuestión temporal que, a su criterio, resulta determinante: las operaciones que fueron vinculadas con la acusación serían de junio, mientras que la denuncia que involucró a las personas en conflicto fue presentada recién a fines de agosto. “Quiere decir que no tenía ninguna relación una cosa con la otra”, afirmó el fiscal, quien calificó de “absurdo” que una transferencia realizada en junio pudiera haber tenido como finalidad influir sobre una investigación que, según su explicación, todavía no existía. En ese sentido, planteó que no tenía sentido atribuirle una maniobra para favorecer a una de las partes cuando el expediente al que supuestamente habría intentado beneficiar aún no se había iniciado. Rojas sí reconoció que existió una operación económica con la firma mencionada en las acusaciones, vinculada al ex legislador Luis Brodersen, aunque aseguró que se trató de un crédito por un monto mucho menor. “Sí he realizado con esta firma una operación crediticia por un monto mucho menor y, aparentemente, habrían tergiversado, falsificado esos comprobantes para hacer aparecer como una suma superior”, manifestó. De esta manera, el fiscal sostuvo que la documentación que comenzó a circular habría sido utilizada para instalar la versión de una transferencia millonaria, aunque aclaró que desconoce exactamente cómo se habría producido esa maniobra. Otro de los puntos centrales de su exposición fue la denuncia que realizó después de recibir un mensaje el 13 de septiembre. Según relató, en esa comunicación le exigían que detuviera una investigación contra una determinada persona y, en caso de no hacerlo, amenazaban con escracharlo. “Me exigían que pare las investigaciones en contra de una determinada persona, la que me enviaba el mensaje, sino iba a ser escrachado”, relató Rojas. El fiscal vinculó esa amenaza con la posterior difusión pública de las acusaciones y de los comprobantes que él considera falsos. Rojas remarcó además que, al momento de recibir esa exigencia, él no tenía competencia funcional sobre la investigación mencionada. Explicó que esa causa estaba a cargo del fiscal Gerardo Salas, especializado en ese tipo de delitos, y que por lo tanto acceder al pedido no solamente habría significado apartarse de sus funciones, sino también intervenir sobre una investigación que no estaba bajo su responsabilidad. “Es irracional también exigirme a mí que detenga una investigación que no estaba a mi cargo y que eso también es ilegal”, sostuvo. Frente a las versiones que señalaban que su traslado a San Miguel de Tucumán podía representar una sanción o una pérdida de jerarquía, Rojas rechazó esa interpretación y explicó que continúa siendo fiscal de Cámara Penal, cargo al que accedió mediante concurso ante el Consejo Asesor de la Magistratura. “Siempre mi cargo es el de fiscal de Cámara, soy fiscal de Cámara Penal, y ahora no es posible bajar el rango de un fiscal de Cámara Penal, eso es ridículo”, afirmó. Según explicó, el cambio de funciones responde a la necesidad de garantizar transparencia mientras se investiga lo ocurrido, ya que él mismo había solicitado que se abrieran las actuaciones. El funcionario también detalló que puso a disposición del Ministerio Público Fiscal la información necesaria para esclarecer las acusaciones, incluyendo información digital relacionada con sus cuentas, y aseguró que se comprobó que la transferencia de 20 millones que se le atribuía no existió. “No tengo nada que ocultar, no he cometido ningún delito. Es imposible, como le dije, irracional pensar que haya habido una transferencia para que influya en un caso que todavía no existía”, afirmó. Además, sostuvo que la investigación debe avanzar para determinar las eventuales responsabilidades de quienes hayan difundido información que él considera falsa y pidió que las personas que tengan acusaciones concretas se sometan también a los mecanismos institucionales correspondientes. Durante su exposición, Rojas también defendió el funcionamiento de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y explicó que el archivo de una causa no implica que el expediente quede definitivamente cerrado. Señaló que existen diferentes instancias de revisión, tanto dentro del Ministerio Público Fiscal como ante un juez, y que una investigación puede reabrirse si aparecen nuevas pruebas o hechos que lo justifiquen. “Acá no hay margen para la discrecionalidad, no hay margen para ocultar cosas”, sostuvo, y aseguró que durante su gestión se trabajó en la elaboración de criterios y guías destinadas a reducir al mínimo la posibilidad de decisiones arbitrarias. Finalmente, insistió en que no tuvo participación irregular en el caso y que ahora espera que las investigaciones permitan determinar qué ocurrió con los documentos y acusaciones que dieron origen a la polémica. **El inicio** La polémica se originó a partir de una denuncia y de una serie de publicaciones realizadas en el marco de un conflicto privado que involucra al exlegislador provincial Luis Brodersen, su hijo Leonel Brodersen y la pareja de este, Victoria Paradi. Paradi había señalado la existencia de supuestas transferencias por cerca de $20 millones hacia cuentas vinculadas al fiscal Enrique Rojas, planteando que esos movimientos de dinero podrían estar relacionados con actuaciones judiciales. El caso se desarrolló paralelamente a una denuncia presentada por Brodersen contra su hijo y Paradi por presuntas amenazas coactivas y extorsión. Esa investigación quedó bajo la órbita del fiscal Gerardo Salas, quien dispuso distintas medidas en el marco del expediente. A raíz de la difusión de las acusaciones contra Rojas, el Ministerio Público Fiscal ordenó su traslado al Centro Judicial Capital, dispuso una auditoría de la unidad que estaba a su cargo y encargó una investigación sobre las presuntas transacciones. En ese escenario, Rojas decidió brindar públicamente su versión de los hechos y responder a las acusaciones que lo vincularon con los supuestos $20 millones. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.