#DistribuciónDeLaCoparticipación: Mariano Campero, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una denuncia contra la Provincia

El reclamo de los intendentes radicales por la distribución de la coparticipación en Tucumán llegó a las esferas nacionales. El intendente Mariano Campero (Yerba Buena), con el patrocinio letrado del abogado constitucionalista Alberto B. Bianchi, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una denuncia contra la Provincia.

El legislador electo y candidato a diputado por Juntos por el Cambio reclama puntualmente que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley de Coparticipación (6.316), el cual fija los porcentajes de distribución de los dineros para municipios y comunas.

El reclamo de los intendentes radicales por la distribución de la coparticipación en Tucumán llegó a (CSJN)

De este modo, los radicales dieron otro paso en su estrategia de judicializar un reclamo que ya hicieron por vía administrativa sin respuestas. La semana pasada, Sebastián Salazar (Bella Vista) y Alejandro Molinuevo (Concepción), con el patrocinio del constitucionalista Antonio Hernández.

La presentación de Bianchi, que también fue firmada por Gabriel Sabaté (apoderado de la Municipalidad), cuenta con el respaldo de los letrados Lino Galarce y Santiago Castro Videla. En un escrito de 57 páginas, que tiene un anexo de casi 40 páginas de documentación, se fundamentaron los motivos por los que consideran que la autonomía de Yerba Buena no está garantizada. Básicamente, objetan que no se hayan modificados los coeficientes de distribución de recursos desde su creación (1991), a pesar de que la población del municipio creció vertiginosamente en población en las últimas décadas.

“Lo único que se requiere es que, comparando los datos poblacionales y socioeconómicos tenidos en cuenta en 1991 para fijar la alícuota coparticipable de Yerba Buena, con los datos actuales, se verifique el cambio sensible que los mismos han experimentado en más de treinta años, poniendo en evidencia que la alícuota establecida, en forma fija y sin cambio alguno hasta el presente, es hoy día insuficiente para garantizar la autonomía del municipio, lo que pone a dicha alícuota en franca colisión con los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional”, argumentaron en un escrito al que accedió LA GACETA.

FUENTE: LA GACETA