Cuatro municipios tucumanos fueron denunciados por la Procelac

Banda del Río Salí es la punta de un iceberg, cuya masa emerge y saca a la luz a otros municipios que están bajo la aguda mirada de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El titular de ese organismo, Diego Velasco, formuló una denuncia contra siete municipios del norte. Además de la intendencia bandeña, la denuncia penal de la Procelac involucra a otras tres jurisdicciones de Tucumán: Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules. Bajo investigación también se encuentran las municipalidades catamarqueñas de Corral Quemado, Belén e Icaño, además de San Carlos, una jurisdicción de Salta.

La documentación, a la que tuvo acceso LA GACETA y que fue revelada por el jefe de Redacción, Federico van Mameren, en el “Enfoque del domingo” (Cuando el coirón deja de ser dulce), sostiene que, “de los informes de Inteligencia recibidos y las diligencias llevas a cabo, se advierten conductas que podrían ser contrarias al ordenamiento jurídico, en tanto la propia Unidad de Información Financiera (UIF) especificó que los significativos fondos públicos extraídos en efectivo de aquellas Municipalidades mencionadas, a través de cheques y sin justificación, podrían haber sido destinados -al menos en parte- a campañas de las últimas elecciones provinciales y nacionales.

Los pesos extraídos en efectivo de cuentas bancarias de las ocho jurisdicciones municipales que son investigadas ascienden a la friolera de $ 39.487 millones, indica la denuncia de la Procelac. “Mediante las investigaciones efectuadas se pudo corroborar la existencia de las cuentas bancarias de los distintos municipios, sus firmantes y autorizados, como así también el libramiento de cheques para la extracción de dinero durante el período cuestionado (que va desde enero de 2023 hasta junio pasado, según los casos).

Según la denuncia, presentada el 30 de diciembre pasado, “cobra relevancia el período de sospecha comprendido desde marzo a octubre de 2023 -informado por la UIF- que poseen todos los casos en común y guarda contemporaneidad con las últimas elecciones”. También por “la inusualidad de este modo de proceder (en varias ocasiones luego de la recepción de fondos públicos de coparticipación federal, provincias y municipales, que se habrían efectuado inmediatas extracciones en efectivo), la magnitud y el tipo de operaciones realizadas, como también la falta de justificación de las transacciones y el destino de los fondos”.

Como dato comparativo, la Procelac expone que, del informe publicado por la Cámara Nacional Electoral, basado en los aportes de campaña declarados, “los principales espacios políticos recaudaron casi $ 875 millones a nivel nacional en 2023, monto notoriamente inferior a la suma calculada” para el conjunto de municipios investigados.

Las pruebas
El Área Operativa de Fraude Financiero y Mercado de Capitales de la Procelac detalla, en el escrito, diferentes procesos judiciales que involucran a algunos de los funcionarios que están siendo investigados. Y acota que está en proceso de acumulación de pruebas, aunque sugiere una serie de acciones, con el fin de robustecer las pesquisas. “La posibilidad de obtener información -más allá de la reunida- se encuentra limitada en virtud de la naturaleza preliminar de las investigaciones abiertas en esta instancia”, se advierte en el escrito. No obstante, acota, “se considera pertinente continuar indagando sobre el destino de tales fondos, a fin de lograr desentrañar cualquier mecanismo tendiente a ocultar verdaderos contribuyentes de las campañas electorales en cuestión, identificar actividades y personas vinculadas con maniobras ilícitas”.

Según la Procelac, de los sucesos investigados y las corroboraciones realizadas, aún con las limitaciones propias que conlleva esta etapa, existen indicios para sospechar que se podrían haber cometido infracciones a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y los delitos de Peculado, lavado de activos de origen ilícito y/o asociación ilícita (establecidos en el Código Penal). “Ello, más allá de lo que sea acreditado a través del proceso judicial correspondiente sobre la configuración de éstos y/o cualquier otro tipo penal aplicable”, puntualiza en la denuncia.

Para ampliar las medidas probatorias, la Procelac sugiere que se solicite el registro de transacciones en los bancos donde operan estos municipios, identificando originantes y destinatarios; también las copias de los cheques emitidos en el período investigado. Asimismo, pide que se analice, a partir de la información obtenida, los aportes y donaciones que recibieron los partidos políticos a los que corresponden las autoridades municipales durante las últimas campañas electorales.

Finalmente, que se verifique la situación económica de las autoridades, de los firmantes y/o autorizados a operar con las cuentas bancarias de cada uno de los municipios. Esto implica pedido de informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central, a la Caja de Valores, al Registro de Propiedad de Inmuebles y de Automotores, a la gerencia de prevención y control de lavado de dinero, al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, entre otros organismos.

De Banda del Río Salí se extrajeron unos $ 17.256 millones
El primer caso expuesto en la denuncia es el de Banda del Río Salí (caso Coirón 215.952/2024). El informe de Inteligencia 501 de la UIF involucra la extracción de fondos en efectivo mediante “cheques ventanilla”, que habría tenido lugar entre enero de 2023 y junio de 2024, por unos $ 17.256 millones. Del estudio de la información, por parte del organismo nacional, surge que el 99% de las operaciones de extracción de fondos con cheques fueron instrumentadas desde una misma cuenta municipal. “El saldo operado representó el 70% de los fondos depositados en esa cuenta y esa situación carecería de justificación económica, aclarándose que no se aportó documentación que permitiera otorgar respaldo a las transacciones”, se agrega en el documento. El 16 de mayo de 2023, el entonces intendente (hoy ministro del Interior de la gestión gubernamental de Osvaldo Jaldo), Darío Monteros, indicó que las extracciones “estaban vinculadas al pago de haberes del personal no bancarizado, a fin de evitar posibles situaciones conflictivas” para justificar el movimiento de dinero. Según la Procelac, tales argumentos no servían, por ejemplo, “para determinar qué tipo de servicios brindaría el personal, si efectivamente fueron realizados y, por eso, no era posible establecer la trazabilidad de los fondos extraídos en efectivo”. Otro hecho fue destacado en la denuncia: en un mismo día (10 de mayo de 2023) se efectuaron 11 operaciones por $ 30 millones cada una y una por $ 10 millones. Esto totalizó una salida de $ 340 millones en una sola jornada. Esa fue de una de las razones por la que la entidad financiera de la provincia, Banco Macro, tuvo que iniciar automáticamente un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

De Famaillá se retiró una partida global de $ 11.449,6 millones
El caso Coirón 215.953/2024 se relaciona a la operatoria realizada en Famaillá. Se tomó en cuenta la extracción de cheques por ventanilla, entre enero de 2023 y junio de 2024, que involucró el uso por esa vía del 98% de una partida global de $ 11.449,6 millones.

Al igual que el caso investigado en Banda del Río Salí, el primero que salió a la luz, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) expuso que los fondos acreditados en una cuenta municipal “carecerían de justificación económica, aclarándose que no se aportó documentación que permitirá justificar las transacciones”.
En el Informe de Inteligencia 502/2024 de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), se señala que “el volumen de fondos extraídos en cada operación (casi $ 79 millones) carecería de justificación. De manera adicional se agregó que durante agosto, septiembre y octubre de 2023, ese promedio fue aún mayor, de casi $ 123 millones por operación”.
A criterio de los investigadores, los volúmenes operados “guardarían relación con las elecciones provinciales que se realizaron el domingo 11 de junio de 2023 y las generales del domingo 22 de octubre de 2023”. Entre los firmantes de los cheques que está sujetos a investigación e incorporados a la denuncia que la Procelac presentó ante la Cámara Electoral Nacional se menciona al actual intendente, Juan Enrique Orellana, y a su antecesor, hoy legislador, José Fernando Orellana, entre otros funcionarios de esa jurisdicción de la sección Oeste de la provincia.

De Monteros se sacaron al menos unos $ 3.923 millones
La tercera investigación corresponde al Caso Coirón 219.324/2024 relacionada con la operatoria desarrolladas en el municipio de Monteros por un monto de, al menos, unos $ 3.923 millones. El informe de Inteligencia 507/2024 de la UIF detalla que el movimiento fue similar a los anteriores (cheques por ventanilla), “que habría tenido lugar entre marzo y octubre de 2023, destacándose que su destino (de los fondos) fue incierto, debido a la pérdida de trazabilidad que representa esa modalidad de extracción”. Recordó que, con anterioridad a esas operaciones, la Municipalidad, entonces administrada por el actual legislador Francisco “Pancho” Serra, “en las dos cuentas municipales (bajo investigación) recibió transferencias del Fondo Fiduciario Municipio Monteros por $ 6.992,8 millones, y por el superior Gobierno e la Provincia, en aquel momento a cargo de Juan Manzur, por $ 1.340 millones. El reporte destacó el registro de 132 operaciones de extracción de fondos a través de cheques ventanilla por un total de $ 2.761 y, paralelamente, otras 40 operaciones similares (desde otra cuenta municipal) por un total de $ 1.162 millones. Se precisó que “los montos de los 172 movimientos oscilaron entre los $ 13.950 y los $ 50 millones por transacción”.

El informe de la UIF fue más allá al registrar que los topes máximos de retiros en efectivo fueron el 8 de junio de 2023 (a pocos días de la elección provincial), el 11 de agosto de ese año (antes de las PASO) y cuatro retiros más en los días previos a las presidenciales del 22 de octubre de 2023.

Como en los casos anteriores, el organismo indica que no se contó con documentación que respaldara las transacciones ni se conoce el destino de la gran mayoría de los fondos implicados. Por eso, la UIF las catalogó de “sospechosas” en los términos de la Ley 25.246. Más aún con la presunción de la realización de múltiples extracciones en efectivos por “montos exactos” o consecutivos, de forma estructurada. Por ejemplo, acota, “siete operaciones de $ 50 millones, nueve de $ 40 millones y 45 de $ 20 millones, en serie, entre otras repeticiones”.

Los retiros de Lules involucraron unos $ 4.217,7 millones
El Caso Coirón 219.333/ 2024 está relacionado con San Isidro de Lules. El 8 de octubre del año pasado, la Procelac recibió el informe de Inteligencia 513/2024 de la UIF en el que se desprende el análisis de una serie de operatorias a través de una cuenta oficial, “consistentes en la extracción en efectivo de elevadas sumas de dinero mediante la presentación de cheques ventanilla, lo que habría tenido lugar entre marzo y octubre de 2023”. Eso, según la denuncia, involucró al menos $ 4.217,7 millones, “destacándose que su destino fue incierto, debido a la pérdida de trazabilidad que representa esa modalidad de extracción”.

En el reporte se advirtió, además, que con anterioridad a las operaciones, Lules recibió en la cuenta aludida fondos por $ 5.822,9 millones de transferencias del Fondo Fiduciario Municipio San Isidro de Lules.

Entre los apoderados del período investigado se menciona al entonces intendente Carlos Gallia, actual legislador por la Sección Oeste. Respecto de los movimientos de la cuenta (oscilaron entre los $ 2.200 a los $ 50 millones), la Procelac identificó que “se registraron topes máximos entre el 2 y el 8 de junio de 2023 (antes de las elecciones provinciales de ese año), el 14 de agosto (un día después de las PASO) y entre el 7 de septiembre, el 11 y el 19 de octubre (próximos a las presidenciales).

El informe de Inteligencia de la UIF acota que de las 1.776 operaciones observadas, 336 fueron por montos de entre $ 52.000 y $ 50 millones por transacción y que sumaron retiros por $ 4.164 millones, el 98% del total de las extracciones en efectivo registradas en la cuenta en cuestión. Al estar por encima de los límites establecidos por el Banco Central, la UIF infirió que esas 336 extracciones debieron haber sido operadas por alguno de los firmantes de la cuenta.

El caso luleño es similar a los anteriores en cuanto a que no se contó con la documentación que respaldara las transacciones, ni se conoce el destino de la gran mayoría de los fondos implicados, argumenta la Unidad de Investigación Financiera.

FUENTE: LA GACETA