
Narcotráfico y lavado en Alberdi: la causa pasa a la Justicia Federal
La decisión judicial marca un cambio de rumbo en la investigación, que ahora apunta a desentrañar posibles vínculos con estructuras criminales de mayor alcance.
El juez Ramos Padilla le otorgó este beneficio luego de varias solicitudes rechazadas al ex gobernador de 70 años de edad.
JUDICIALES 25 de junio de 2025José Jorge Alperovich, el ex gobernador de Tucumán condenado en el 2024 a 16 años de prisión por 9 hechos de abuso sexual a su sobrina, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por parte del juez Juan Ramos Padilla y lo cumplirá la pena en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.
Ramos Padilla resolvió concederle el arresto domiciliario al ex gobernador tucumano bajo estrictas condiciones, entre las que se encuentran que deberá pagar una caución real de 400 millones de pesos y deberá llevar una tobillera electrónica.
La concesión de la prisión domiciliaria llega después de varios rechazos a las solicitudes de morigeración de condiciones presentadas por la defensa. La decisión responde a consideraciones de salud y edad avanzadas del condenado, factores que la defensa adjuntó como argumentos ante el tribunal. Sin embargo, por el momento, la condena de 16 años de prisión impuesta a Alperovich permanece vigente, así como las restricciones accesorias dictadas en la sentencia.
En su resolución, Ramos Padilla subrayó que la decisión “no constituye un privilegio ni un acto de compasión”, sino que se trata de una atribución legal basada en el cumplimiento de requisitos específicos.
La prisión domiciliaria será cumplida en uno de los departamentos del imputado en el barrio porteño de Puerto Madero, uno de los lugares señalados por la denunciante como escenario de los primeros abusos.
Además, el juez impuso la prohibición total de contacto con la víctima y con el entorno familiar de ésta, por cualquier medio de comunicación, ya sea directo o indirecto. Además, el juez señaló que “deberá abstenerse de realizar menciones públicas o publicaciones que directa o indirectamente puedan afectar a MFL o su entorno”.
La decisión judicial marca un cambio de rumbo en la investigación, que ahora apunta a desentrañar posibles vínculos con estructuras criminales de mayor alcance.
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