Confirman que el comisionado de El Cercado que mató a una mujer conducía bajo los efectos del alcohol

Un juez procesó al comisionado rural de El Cercado, Carlos Juárez por homicidio culposo agravado por haber sido cometido con un vehículo motor, bajo la influencia de alcohol y por haberse dado a la fuga. Sólo por ahora, según el fallo que se dictó hace unos minutos, le dictaron la prisión preventiva por cinco días, plazo en el que será sometido a una serie de evaluaciones médicas para determinar si le corresponde estar detenido en una comisaría o cumplir la medida con la modalidad de arresto domiciliario.

El auxiliar fiscal César Larri, en una audiencia desarrollada en el Centro Judicial Monteros, despejó todas las dudas. El jueves, pasada las 20, en el kilómetro 4 de la ruta 325, Juárez que conducía una VW Amarok, embistió a Silvia Robles (62 años) que transitaba por ese camino en bicicleta, provocándole la muerte en el acto.

El representante del Ministerio Público confirmó que el funcionario se escapó del lugar y luego de dos horas, se presentó en la comisaría de Capitán Cáceres con la camioneta que protagonizó el mortal accidente. Antes lo había hecho su hermano Jorge Juárez, que intentó hacerle creer a los efectivos que él era el conductor del vehículo.

“El análisis médico efectuado al acusado arrojó que tenía aliento etílico, evidencia junto a otras pruebas clínicas que se le hicieron, nos permiten sostener que conducía en estado ebriedad”, señaló Larri. “Es evidente que la presentación de su hermano haciéndose cargo del accidente era para evitar que se tuviera en cuenta ese agravante”, añadió durante el debate.

El investigador reconoció que hasta el momento no pudieron recoger muchos testimonios porque hay un claro temor de los habitantes de El Cercado de sufrir algún tipo de represalias por contar detalles que pueden perjudicar al comisionado. “Es evidente el miedo que hay entre los pobladores. Aún así pudimos descubrir algunos detalles que todavía deben ser confirmados. Entre otros, que el acusado participó de un homenaje a los docentes por su día”, indicó.

“Estamos ante un caso grave porque no estamos hablando de una persona más, sino de un funcionario público que debería dar el ejemplo a la comunidad. No sólo conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sino que además se fugó del lugar sin importarle el estado de la víctima”, explicó Larri.

El auxiliar solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 30 días. “Necesitamos producir más pruebas, esperar los resultados de las pericias y realizar el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para terminar de entender la mecánica del accidente y, además, analizar la conducta del imputado después del percance”, indicó. “Pero también debemos garantizar el proceso.

 Juárez, al ser el comisionado de El Cercado, puede interferir con la investigación amedrentando a los testigos, sin contar que es al menos sospechosa la conducta de su hermano, que intentó hacerse cargo del percance porque era evidente que no había consumido bebidas alcohólicas”, añadió el representante del Ministerio Público.

“Lo único que pretendemos es que se haga Justicia. Mi madre utilizaba la bicicleta como medio de transporte y terminó así”, dijo Fabiana Torres, hija de la mujer fallecida en el accidente. “Pero nuestro mayor dolor es que él no se haya detenido a ayudar a mi mamá. Juárez la conocía de toda la vida y sabía el cariño que sentía por él. Ni aún así se paró para asistirla. Queremos Justicia”, repitió.

Descargo
 
El comisionado de El Cercado pidió declarar para dar a conocer su versión de los hechos. “Venía transitando y un camión me encandiló con sus luces. Lamentablemente no vi a la señora”, comentó. También justificó el porqué se retiró del lugar. “Entré en estado de shock, no entendía lo que estaba pasando. Además, se me subió la presión y los niveles de azúcar porque soy hipertenso y diabético que debe aplicarse insulina. Entiendo el dolor de la familia porque conocía perfectamente a la señora. Pido disculpas, pero me puse mal por el momento que viví”, añadió.

Ernesto Baaclini y Jorge Luna, defensores del comisionado, cuestionaron la acusación. Entre otros puntos, cuestionaron que se consideren esos agravantes. “Todavía no se conocen los resultados del dosaje alcohólico que permitirá cuantificar el nivel de alcohol en sangre. Tampoco se determinó la velocidad en la que circulaba nuestro defendido”, fundamentaron durante la audiencia.

“Aquí hay un elemento que se debe tener en cuenta. A pesar de que su hermano cometió un error con su conducta, no se puede negar que Juárez se presentó en la comisaría y se hizo cargo. Si no hubiera tenido esa actitud, hoy no estaría sentado aquí”, argumentó Baaclini.

El defensor también argumentó que los problemas de salud que tuvo el comisionado quedaron confirmados. “Después de que se presentara en la comisaría, fue trasladado al hospital de Monteros, donde constataron que sufría de hipertensión y de un incidente diabético. Estuvo en observación durante varias horas y volvió a la dependencia policial después de haber sido estabilizados”, sostuvo Baaclini. Los defensores se opusieron al dictado de la prisión preventiva y solicitaron que, si se llegaba a dictar una medida cautelar, sea cumplida con la modalidad de arresto domiciliario por los problemas de salud que padece el funcionario.

La resolución

El juez Matías Graña aceptó todos los planteos realizados por la parte acusadora, pero planteó diferencias sobre el plazo de la prisión preventiva. “No soy médico, simplemente un juez. Jurídicamente considero que están probados los indicios para que se acepte la formulación de cargos en contra de Juárez y para que le corresponda el dictado de una prisión preventiva para garantizar el proceso y teniendo en cuenta que puede recibir una condena de entre tres y seis años, o sea que puede ser cumplimiento efectivo”, explicó. “Pero también es indispensable que sea revisado por los profesionales de la salud para que, como estipulan las normas vigentes, se determine si puede permanecer detenido en un calabozo”, agregó.
Por esa razón, el magistrado pidió que el comisionado sea revisado por médicos oficiales para que confirmen cuál estado de salud, qué tipo de tratamiento debe recibir y cuál es la medicación que debe recibir. “Entiendo que cinco días son suficientes para tener los resultados. Con esos estudios, las partes podrán solicitar la ampliación de la prisión preventiva o que se le otorgue el arresto domiciliario”, resolvió Graña. Los defensores de los funcionarios impugnaron la resolución.

FUENTE: LA GACETA