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La presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el tribunal que deberá revisar la decisión firmada por el juez Adrián González Charvay.
SALUD12 de diciembre de 2025
Vientos Tucumanos Noticias




El Gobierno confirmó que apelará el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025. La presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el tribunal que deberá revisar la decisión firmada por el juez Adrián González Charvay.


Por qué la apelación
La Casa Rosada argumenta que la sentencia del juez Adrián González Charvay constituye una “invasión” sobre las atribuciones del Ejecutivo para ordenar las cuentas públicas y administrar el presupuesto, y que aplicar la ley sin partidas específicas pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
Razón del juez
El fallo hizo lugar a un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad, acompañados por organizaciones del sector. Los demandantes plantearon que la paralización de la ley, derivada del decreto presidencial, deja sin protección a miles de personas y agrava la crisis del sistema de prestaciones.
El magistrado consideró que el artículo 2 del DNU resultaba “inválido en todos sus aspectos” por contradecir el procedimiento constitucional de promulgación previsto en el artículo 83 de la Constitución. Sostuvo que el Ejecutivo “excedió de forma manifiesta sus facultades” al intentar suspender una ley aprobada por insistencia del Congreso y vigente por imperativo constitucional.
Hasta la Corte
El Gobierno apunta contra el juez por la forma en que desestimó los argumentos fiscales planteados por el Ministerio de Salud. En la sentencia, el magistrado remarcó que la Jefatura de Gabinete ya había realizado más de 19 reasignaciones presupuestarias desde diciembre de 2023 y que no hay le impedía utilizar la misma herramienta para aplicar la ley, incluso cuando el Congreso no incorporó partidas específicas en el Presupuesto 2026.
En el Ejecutivo rechazan esa interpretación. Sostienen que la emergencia en discapacidad -establecida en la Ley 27.793 hasta 2027- requiere un respaldo financiero que el Congreso no definió, y advierten que reasignar fondos sin un marco presupuestario podría afectar programas prioritarios y comprometer el equilibrio fiscal.
La Casa Rosada mantiene tensiones con el juez Charvay desde hace meses porque ya en agosto estableció como inválido el decreto que rechazó la ley que aumenta los fondos para las prestaciones que brinda la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esta instancia, en Balcare 50 aseguraron que tenían previsto denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura.
Mientras los equipos jurídicos redactan la apelación, el oficialismo analiza los escenarios que podría abrir el fallo si la Cámara de San Martín lo confirma. En despachos oficiales admiten que llevarán la discusión a la Corte Suprema si se desestima su apelación.

Es una mujer de 56 años de San Miguel de Tucumán. Fue confirmado por el Instituto Malbrán y la paciente ya recibió el alta sin haber contagiado a convivientes.

En su resolución, el juez sostuvo que el Presidente “ejerció facultades que no le son propias” y que la suspensión de una ley ratificada por el Congreso es inválida y constituye un exceso de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Además, consideró que el argumento oficial sobre la falta de financiamiento es una falacia

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La Anmat detectó la presencia de listeria monocytogenes en una partida de queso Cremón.

También fue acatada la orden judicial de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral. El gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador de prestaciones, con incrementos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%, aplicables en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025.

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