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Qué dice el Presupuesto 2026 sobre educación
La oposición y los actores del sistema educativo leen la propuesta en clave opuesta. Consideran que se trata de una marcha atrás en términos de derechos adquiridos y advierten que quitar los mínimos legales deja a la educación, la ciencia y la formación técnica a merced de decisiones coyunturales. Universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones del sector científico alertaron que el presupuesto proyectado para 2026 no alcanza para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones.
En el caso de las universidades públicas, el reclamo se centra en la brecha entre los recursos previstos y las necesidades reales para sostener salarios, infraestructura y actividades académicas. En paralelo, el sistema de escuelas técnicas denuncia que la eventual eliminación del financiamiento específico implicaría una reducción drástica de fondos, con impacto directo en talleres, equipamiento y programas de formación.
El debate del artículo 30 se da, además, en un contexto legislativo ajustado. Si el Senado introduce cambios al texto aprobado por Diputados, el proyecto deberá volver a la Cámara baja, con un calendario que corre contra el cierre del año. Esa posibilidad mantiene en alerta al oficialismo, que necesita evitar modificaciones para acelerar la sanción definitiva del Presupuesto.
La sesión de se este viernes no solo definirá el rumbo del Presupuesto 2026, sino también el alcance de la política educativa del Gobierno en los próximos años. Más allá de los números, el tratamiento del artículo 30 expone una discusión de fondo sobre el rol del Estado y las prioridades de largo plazo, en un escenario donde el ajuste fiscal y la inversión en educación vuelven a chocar de frente.
