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El recorte en el financiamiento de la educación técnica vuelve a encender alarmas en todo el país. La eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, dispuesta dentro del Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, implica la supresión de una herramienta clave que durante casi dos décadas sostuvo la compra de insumos, el mantenimiento de equipos y la actualización tecnológica de miles de escuelas e institutos de formación. Solo el año pasado, ese fondo había ejecutado $37 mil millones destinados a fortalecer el sistema.
Creado por ley en 2005, el Fondo establecía una inversión mínima equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del Presupuesto nacional. Su desaparición afecta de manera directa a más de 3.800 instituciones de educación técnica, superior no universitaria y formación profesional, a las que asisten más de 1,4 millones de estudiantes en todo el país. De ese total, más de 770 mil cursan en escuelas técnicas secundarias, según datos oficiales de 2024.
Voz del sindicato
Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) advirtieron que, aun antes de su eliminación, la ejecución del Fondo venía en caída sostenida: representó el 50,5% de lo previsto por ley en 2023, bajó al 9,4% en 2024 y alcanzó apenas el 10,8% en 2025. La falta de recursos compromete la compra de herramientas, materiales de trabajo, reactivos, insumos químicos y la renovación de maquinaria indispensable para la formación en oficios.
“Ese Fondo nos permitía sostener la enseñanza práctica. En talleres como carpintería o tornería, las herramientas se desgastan en semanas y se necesitan en cantidad. Sin financiamiento, es imposible reponerlas”, explicó María Eugenia Gil, directora de una escuela de formación profesional. La docente advirtió que la situación tendrá consecuencias inmediatas y profundas en la calidad educativa.
Especialistas y referentes del sector coinciden en que el recorte no es menor. Carlos Rojas, exdirector de una escuela técnica y dirigente gremial, señaló que la eliminación del Fondo impacta de lleno en las instituciones y trasladará la carga financiera a las provincias. Además, recordó que junto con este ajuste también fue derogada la obligación de invertir el 6% del PBI en educación, lo que deja a las escuelas sin una herramienta legal para exigir recursos.
