El juez penal económico Diego Amarante procesó este lunes a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.
“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, advirtió la resolución.
Para el juez “la conducta desplegada por los nombrados implicó la omisión deliberada de ingresar en término los tributos retenidos, generando con ello una mayor disponibilidad de fondos para la entidad.”
La resolución alcanza a Cristian Ariel Malaspina (actual secretario general) y a los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo por considerarlos responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.
Embargos multimillonarios
Amarante embargó los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”, según la resolución de 140 carillas a la que tuvo acceso Infob
En los casos de los otros tres acusados, se fijaron diferentes montos de embargo y se les levantó la prohibición de salida del país. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico y de quedar confirmada podría iniciar el camino para el envío a juicio oral.
El rol de Tapia
Sobre el rol de Tapia en las maniobras, el juez afirmó que el presidente de la AFA “detenta la representación legal de la entidad” y tiene “una posición central en la estructura de toma de decisiones”. Este rol “magnifica su responsabilidad”, advirtió.
Tapia sabía “de la falta de pago”, agregó la resolución y tuvo “conocimiento y participación” en lo ocurrido porque autorizó la “gran mayoría de los giros relativos a pago de volantes electrónicos”.
“En su carácter de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, detenta la representación legal de la entidad y, en consecuencia, una posición central en la estructura de toma de decisiones, lo que no puede ser soslayado al momento de evaluar su responsabilidad en los hechos investigados.”, agregó.
El rol central “no sólo le otorgaba facultades decisorias, sino que además lo colocaba en una posición de garante respecto del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales.”
Tapia “conocía no sólo la mecánica de pagos sino también la existencia de incumplimientos reiterados en el ingreso de los tributos retenidos" y contaba con la “capacidad de decidir acerca del destino de los fondos y, en particular, sobre la priorización o postergación del cumplimiento de las obligaciones fiscales”.
El tesorero de la AFA
Sobre el tesorero Toviggino, el magistrado advirtió que su firma apareció en la totalidad de los cheques de la AFA y “se encuentra autorizado para operar y firmar operaciones de transferencia”.
“Tenía a su cargo la intervención directa en la administración de los fondos de la entidad, lo que lo colocaba en una posición determinante respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias”, agregó la resolución. Toviggino es la persona autorizada a operar las cuentas bancarias de la Asociación, suscribir transferencias y otros instrumentos de pago. Tenía “un control efectivo sobre los movimientos financieros”.
La falta de pago en tiempo y forma de estos importes retenidos les generó “una mayor disponibilidad de fondos”, advirtió sobre un posible beneficio económico buscado con la maniobra.
El magistrado sostuvo que si bien esa deuda de 19.300 millones de pesos está regularizada o camino a serlo, el delito se concreta cuando no se paga en tiempo y forma, en un plazo de 30 días una vez que son retenidas las obligaciones. Además, resaltó que en todos los meses donde hubo vencimientos se registraron “significativas transferencias por parte de distintos sponsors de la Asociación del Fútbol Argentino” a cuentas bancarias de la AFA. Es decir, había una “amplia disponibilidad” de fondos para cumplir en tiempo y forma las obligaciones con el fisco.
El 12 de marzo pasado había declarado Tapia, en la última de las indagatorias. A partir de ese momento, comenzaron a correr los plazos procesales —diez días hábiles— para que el magistrado defina la situación de los acusados.
En todos los casos los acusados presentaron escritos y se negaron a responder preguntas. Sus defensas plantearon la inexistencia de delito que les fue rechazada y fueron en apelación a la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que aún no decidió al respecto.
