La Justicia investiga contratos entre proveedores del Estado y la empresa de la esposa de Adorni

La causa apunta a esclarecer si la consultora +BE, dedicada al coaching empresarial y propiedad de Angeletti, fue beneficiada mediante contratos con empresas proveedoras del Estado que podrían haber funcionado como un mecanismo de retorno de fondos públicos.

Según la investigación, Grupo Datco presta servicios para ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas; National Shipping es contratista de YPF; mientras que Foggia Group aparece vinculado a la concesión de Tecnópolis.

La pesquisa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien pidió investigar si la empresa de Angeletti recibió contrataciones de manera irregular.

El magistrado también pidió a la Jefatura de Gabinete, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, que informe si Datco, National Shipping y Foggia Group figuran como contratistas recurrentes del Estado nacional y que acompañe la documentación de los respectivos procesos de adjudicación.

La investigación paralela por enriquecimiento ilícito

La causa se tramita en paralelo a otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Uno de los puntos que incrementó la atención judicial es que Adorni asumió en enero de 2026 como director titular de YPF en representación del Estado, circunstancia que otorga especial relevancia al vínculo entre National Shipping y la petrolera estatal.

Hasta el momento no existen imputaciones formales ni procesamientos en esta causa. Sin embargo, la Justicia analiza posibles delitos como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.

La situación patrimonial de Adorni

Días atrás, el juez Lijo también dispuso el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA, la agencia tributaria bonaerense, tanto de Adorni como de su esposa, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito.

El expediente busca determinar si existieron inconsistencias u omisiones en las declaraciones juradas del funcionario y si los movimientos de dinero detectados se corresponden con los ingresos declarados oficialmente.

La Justicia también analiza transferencias realizadas entre distintas billeteras digitales utilizadas por Adorni y otras cuentas bancarias o virtuales asociadas.

En ese contexto, bajo análisis aparecen movimientos financieros que podrían rondar los U$S 100.000, aunque el monto definitivo todavía no fue determinado y continúa sujeto a peritajes y cruces de información.

Dentro de la reconstrucción patrimonial que lleva adelante la Justicia también surgió una herencia recibida tras el fallecimiento de su padre. Según trascendió, el funcionario posee el 33% de un terreno heredado y figura además un departamento en el que actualmente reside su madre.