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Comenzó a circular un borrador de un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger.
El texto, de 144 páginas y aún sin ingreso formal al Congreso nacional, propone modificar o derogar una serie de normas para profundizar la desregulación de distintos sectores de la economía.
Uno de los primeros apartados del borrador apunta al mercado inmobiliario. Entre las principales modificaciones, elimina la exigencia de contar con el título universitario de Martillero y Corredor Público para ejercer como corredor inmobiliario. De prosperar la iniciativa, solo se requerirá mayoría de edad y título secundario.
Además, el proyecto del ahora funcionario de Javier Milei prohíbe la fijación de aranceles mínimos, máximos o sugeridos para la actividad, dejando que las comisiones sean pactadas libremente entre las partes. También prevé la creación de plataformas digitales para validar y legalizar las operaciones de corretaje, consignó el diario "Ámbito".
Cambios en el mercado del GLP
La iniciativa también propone una desregulación total del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizado en garrafas y cilindros. El proyecto elimina las regulaciones vigentes desde 2005 sobre precios, cantidades, volúmenes, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales, por lo que los valores quedarían determinados por la oferta y la demanda.
Para ello, plantea derogar la Ley N° 26.020, que establece el Régimen Regulatorio del GLP y lo declara un servicio público de interés general, permitiendo al Estado fijar precios de referencia, subsidiar la garrafa social y regular los cupos de abastecimiento.
Libros y contenidos audiovisuales
El borrador también avanza sobre el mercado editorial mediante la derogación de la Ley N° 25.542, que establece el precio uniforme de venta al público de los libros. De aprobarse, las grandes cadenas de librerías y supermercados podrían ofrecer descuentos sin esa restricción.
Frente a esta propuesta, la Cámara Argentina del Libro expresó su rechazo y sostuvo que el precio único constituye una herramienta para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes.
En el plano audiovisual, el proyecto deroga la Ley N° 23.316, que obliga a que las producciones extranjeras emitidas por televisión abierta o cable sean dobladas en el país por actores y locutores locales. De ese modo, el doblaje podría realizarse en cualquier otro país.
La iniciativa también incorpora cambios a la ley de Farmacias. Entre ellos, elimina la exclusividad de estos establecimientos para la venta de medicamentos de venta libre, habilitando su comercialización en otros comercios, como supermercados o kioscos.
Asimismo, autoriza la venta de medicamentos, tanto de venta libre como bajo receta, mediante plataformas digitales, sitios web y aplicaciones. También permite el servicio de entrega a domicilio y la utilización de plataformas de terceros para logística, pagos y exhibición.
Cambios para el agro
El capítulo dedicado al sector agroganadero incluye la derogación del artículo 3° de la Ley N° 13.636, eliminando la obligación de que los productos veterinarios importados comiencen a fabricarse en el país dentro de un plazo de cuatro años desde su autorización.
El proyecto también elimina las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que pasaría a sostenerse únicamente con aportes voluntarios y servicios comerciales.
En el sector vitivinícola, el borrador plantea flexibilizar los controles estatales mediante la simplificación de inspecciones, cambios en las prácticas enológicas y un nuevo esquema de multas. También propone derogar la Ley N° 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), transfiriendo sus recursos remanentes al Instituto Nacional de Vitivinicultura y estableciendo un plazo de dos meses para su liquidación.
Navegación y comercio de cabotaje
Otro de los capítulos modifica el régimen de navegación y comercio de cabotaje nacional. El proyecto elimina la reserva de carga exclusiva para buques de bandera argentina vigente desde 1944 y habilita a embarcaciones extranjeras a transportar carga y pasajeros entre puertos del país.
A su vez, introduce cambios en la Ley de Navegación (N° 20.094) para flexibilizar la contratación laboral a bordo, modificar la composición de las tripulaciones y digitalizar la documentación vinculada al comercio marítimo.
