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Una condena por usurpación activó con fuerza el proceso de recuperación de tierras fiscales en El Cadillal, el plan que lleva adelante el Gobierno de la Provincia tanto en esa villa turística como en otros puntos clave de Tucumán. Se trató de un caso emblemático entre los muchos que se abrieron el año pasado y que llegó a un juicio oral histórico porque su ocupante cometió un delito directo contra el Estado.
Según la imputación, entre mayo y agosto de 2023, Víctor Hugo Arroyo, un ex policía federal, ocupó ilegalmente un terreno fiscal de casi 450 metros cuadrados. Ese mismo año, los técnicos del Ente Tucumán Turismo detectaron la irregularidad y, junto a la Dirección General de Catastro, determinaron que esas tierras ya habían sido concesionadas a una empresa privada para construir un complejo turístico.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ordenó de inmediato iniciar las acciones para recuperar el inmueble y promover la denuncia penal. A fines de abril de 2025, el fiscal Carlos Saltor solicitó la restitución del predio. Aunque Arroyo argumentó que había heredado el lote y que pagaba tributos comunales, el juez Guillermo Taylor avaló la imputación y cuestionó que la comuna de El Cadillal cobrara impuestos sobre tierras del Estado provincial.
Finalmente, en el debate oral posterior, el juez Guido Buldurini condenó a Arroyo a dos años de prisión condicional, le impuso las costas del proceso y le prohibió terminantemente acercarse al predio o perturbar su posesión.
"Una ensalada dominial" que busca ordenarse
“El terreno recuperado no es un lote cualquiera. Se trata de un bien público protegido por leyes históricas de la provincia, destinado exclusivamente a la preservación ambiental y al desarrollo turístico”, remarcó la fiscal de Estado, Gilda Pedicone.
Durante años, la zona de El Cadillal fue considerada una verdadera "ensalada dominial" debido a las numerosas irregularidades inmobiliarias registradas, un fenómeno que se profundizó tras la pandemia. Para intentar frenarlo, la Provincia sancionó una ley de regularización que permitía a los ocupantes adquirir los terrenos fiscales mediante licitación pública y facilidades de pago.
Los datos oficiales revelan la complejidad del escenario:
Unos 1.300 ocupantes iniciaron los trámites de regularización.
Apenas 120 personas (menos del 10%) completaron el proceso correctamente.
El resto de los casos recurrió a empleados de la desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial, hoy denunciados por presuntos hechos de corrupción.
Controles permanentes y denuncias por ventas en redes sociales
Pedicone fue tajante al asegurar que la decisión política de proteger el patrimonio estatal sigue firme: "Se conformó un equipo integrado por profesionales de Turismo, Catastro, Flora y Fauna y Recursos Hídricos que controla permanentemente el patrimonio provincial", detalló.
En esa línea, las autoridades confirmaron que detectaron publicaciones en redes sociales donde se ofrecían terrenos en áreas fiscales, casos que ya fueron denunciados penalmente ante la Justicia.
Hasta la fecha, la Provincia ya logró recuperar terrenos de alto valor inmobiliario y ecológico en El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal, San Javier y Yerba Buena. Uno de los ejemplos más claros es la Reserva Natural La Angostura, en los valles calchaquíes, donde se liberaron sectores ilegalmente ocupados y avanza en su etapa final la causa penal por el denominado "Loteo Gaucho Castro".
