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Una nueva presentación administrativa pone en jaque la legalidad de las últimas decisiones del organismo.
La crisis en la Liga Tucumana de Fútbol sumó un capítulo de máxima gravedad institucional. Tras la reciente resolución del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, que dispuso la suspensión por tres meses de la cúpula directiva integrada por el presidente Eduardo Monteros, el secretario Juan de la Cruz Roldán y el tesorero Ricardo Elías, una nueva presentación administrativa pone en jaque la legalidad de las últimas decisiones del organismo.
El propio secretario Juan de la Cruz Roldán, patrocinado por el abogado Dante Sarmiento, formalizó una denuncia ante la Dirección Provincial de Inspección de Personas Jurídicas de Tucumán. En la presentación, solicitó el rechazo in limine de cualquier pedido de corrimiento de autoridades o validación de actas que pretendan consagrar la designación de Walter Fabián Sánchez.
En su presentación bajo juramento, Roldán negó de manera categórica la autenticidad de la rúbrica atribuida a su persona en el trámite iniciado ante el Consejo Federal de la AFA el pasado 7 de octubre.
Asimismo, denunció que la firma estampada en las actas internas del 16 de octubre fue realizada bajo una "asfixiante coacción moral" ejercida por autoridades de la entidad, lo que vició por completo su voluntad.
A esto sumó un planteo de nulidad absoluta, al remarcar que los directivos involucrados ya se encontraban suspendidos en sus funciones al momento de confeccionar los documentos, por lo que carecían de competencia y legitimidad para adoptar cualquier tipo de decisión institucional.
COMUNICADO A LA PRENSA
GRAVE DENUNCIA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA LIGA TUCUMANA DE FÚTBOL
Ante la gravedad de los hechos denunciados ante los organismos competentes, se pone
en conocimiento de la opinión pública una situación institucional que compromete la
transparencia, la legalidad y el normal funcionamiento de la Liga Tucumana de Fútbol.
Según lo denunciado, el día 16 de octubre, autoridades que ya se encontraban
suspendidas habrían confeccionado actas con fechas anteriores, pese a carecer, en ese
momento, de facultades para adoptar decisiones institucionales. Dichas actuaciones
habrían tenido como finalidad desplazar al vicepresidente primero, Darío Zamoratte, y
colocar en su lugar al señor Walter Sánchez.
Se cuestiona especialmente que Darío Zamoratte no habría recibido una comunicación
formal, oportuna y válida sobre un supuesto cese de su condición de integrante del
Comité Ejecutivo ni sobre la pretendida asunción de Walter Sánchez. Esta circunstancia
plantea serios interrogantes sobre la regularidad del procedimiento y el respeto de las
garantías estatutarias.
La denuncia también plantea presuntas irregularidades documentales y solicita que se
investigue la autenticidad, fecha de confección y validez de las actuaciones
cuestionadas, así como las eventuales responsabilidades de quienes hubieran
intervenido.
De comprobarse estos hechos, podrían derivarse graves consecuencias jurídicas e
institucionales, con intervención de los organismos de contralor, entre ellos Personas
Jurídicas, sin perjuicio de las demás instancias que correspondan.
El fútbol tucumano merece instituciones conducidas con transparencia, respeto al
estatuto y seguridad jurídica. Ninguna disputa interna puede justificar decisiones
presuntamente adoptadas por autoridades suspendidas ni el uso de documentación cuya
legitimidad se encuentra cuestionada.
Se solicita a los organismos competentes que esclarezcan con urgencia lo sucedido y
adopten las medidas que correspondan para resguardar la institucionalidad de la Liga
Tucumana de Fútbol.
San Miguel de Tucumán, 19 de octubre de 2026
