Los principales puntos de la nueva ley

El texto ratifica las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio. También conserva la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Además, garantiza el acceso a las prestaciones básicas de salud contempladas en la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud. Para financiar el sistema, se prevén partidas específicas del Ministerio de Salud y compensaciones del Tesoro en caso de que los recursos resulten insuficientes. La norma también establece que el ingreso de cada beneficiario deberá mantener su poder adquisitivo respecto del año anterior.

Otro apartado incorpora controles más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de información con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y SINTyS. Ante incumplimientos objetivos podrá disponerse la suspensión preventiva de un beneficio, aunque deberá garantizarse un procedimiento que contemple notificación y posibilidad de rehabilitación provisoria.

La ley también fija plazos para regularizar eventuales deudas con prestadores: si existen pagos pendientes al momento de su sanción, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días.