Compró una moto robada y ahora debe pagar dinero a una parroquia en concepto de reparación

Este jueves 10 de febrero se realizó una audiencia donde quedó aprobada una suspensión de juicio a prueba en contra de una mujer que se encontraba acusada por haber adquirido una motocicleta que había sido denunciada como robada.

La Unidad Fiscal de Investigación en Delitos contra la Propiedad, que conduce Jorge Echayde, había imputado a la mujer en abril de 2021, luego de que ésta fuera sorprendida en la ciudad de Aguilares, en un control policial con el rodado en su poder y sin los papeles del mismo.

En esas circunstancias, el personal policial efectuó consultas con la División de Acreditación de Dominio, constatando que la misma había sido sustraída en un hecho delictivo ocurrido en octubre de 2020. Por este hecho, el Ministerio Fiscal le había abierto una causa por el delito de encubrimiento.

En la jornada de hoy se arribó a una salida alternativa del conflicto que fue aprobada por el juez interviniente y que implica la suspensión del proceso. La misma consistió en un ofrecimiento realizado por la defensa de la imputada que fue aceptada por la fiscalía.

Las condiciones impuestas son que la mujer estará a prueba durante un año, cumpliendo reglas de conducta y con la obligación de abonar de forma mensual la suma de $2.000, dinero que será destinado a Parroquia San Cayetano del Barrio San Nicolás de Aguilares, en concepto de reparación.

Tras el término de la audiencia, desde la fiscalía expresaron que se llegó a esta salida porque el instituto de la “Probation” era procedente y está previsto en la ley, en virtud de que la acusada no tenía antecedentes penales. Sin embargo, consideraron que es importante que la sociedad entienda que la compra de bienes robados constituye un delito de acción pública y que tiene sus consecuencias.