
Narcotráfico y lavado en Alberdi: la causa pasa a la Justicia Federal
La decisión judicial marca un cambio de rumbo en la investigación, que ahora apunta a desentrañar posibles vínculos con estructuras criminales de mayor alcance.
Comienzan a analizar el material secuestrado en una causa compleja.
JUDICIALES 16 de junio de 2025Al elaborar su teoría del caso, el fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la detención del ex intendente de Alberdi, Luis Campos, su ex secretario de Hacienda, José Roldán, y del supuesto empresario de la construcción Roque “Chipi” Giménez, planteo que no pudo realizar contra la legisladora, en uso de licencia, Sandra Figueroa, porque tiene fueros. No resultó por un vicio procesal pero sí consiguió que el juez federal José Manuel Díaz Vélez le diera vía libre para que continuara con la investigación.
Gendarmería Nacional realizó allanamientos en las casas de los ex funcionarios y de Giménez. De esos lugares, según trascendió, los uniformados secuestraron celulares (incluido el de la legisladora), computadores, documentaciones e identificaron los autos que allí se encontraron. En el caso de “Chipi” se allanaron tres domicilios y constataron que en la sede legal de su empresa Giménez Consulting Groups no existía. No trascendieron los resultados de estas medidas, porque horas antes había hecho lo mismo la Policía por pedido de la fiscala Mónica García de Targa, que lleva adelante el expediente abierto en la justicia ordinaria.
Colaboración
Vehils Ruiz también consiguió la colaboración de la Provincia en la pesquisa. Bajo el control de la fiscal de Estado Gilda Pedicone, se envió una copia certificada del Decreto de Necesidad y Urgencia de la intervención del municipio firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo. También dio precisas instrucciones al interventor Guillermo Norry para que enviara con carácter de urgente toda la documentación que requiera el representante del Ministerio Público Fiscal.
Según trascendió, el fiscal está interesado en conocer todos los movimientos financieros, documentación referida a las compras y obras públicas y contrataciones, entre otros puntos, desde el inicio de 2017.
Díaz Vélez también aceptó que se declarara la inhibición general de bienes que estén a nombre de los cuatro investigados. Además, ya autorizó a que se comience a analizar todo el material secuestrado. “Será una investigación larga y compleja”, advirtieron funcionarios judiciales. Cuando lo crea conveniente, el fiscal deberá definir si solicita que sean llamados a declaración indagatoria y de allí el magistrado deberá definir su situación procesal.
FUENTE: LA GACETA
La decisión judicial marca un cambio de rumbo en la investigación, que ahora apunta a desentrañar posibles vínculos con estructuras criminales de mayor alcance.
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