El Gobierno dio de baja o suspendió más de 80 mil pensiones por discapacidad laboral

El gobierno de La Libertad Avanza, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado Diego Spagnuolo, avanza con la auditoría sobre el universo de un millón de beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Discapacidad Laboral. Hasta ahora, el 60 % de las personas no se presentaron a verificar los requisitos y asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes lo necesitan.

Hasta la fecha, a 65.230 personas se les suspendió el beneficio por diferentes irregularidades. Otras 8.207 renunciaron a la asignación estatal de forma voluntaria para evitar un posible juicio, ya que no cumplían con los requisitos. Se dieron de baja 6.643 beneficios más porque los titulares habían fallecido, pero un familiar seguía cobrando la transferencia social.

En total, el Estado dejó de abonar 80.080 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. Solo esas bajas significan un ahorro de más de 23 mil millones de pesos mensuales, exactamente $23.143.120.000.

La cifra surge de multiplicar la cantidad de suspensiones y bajas por los $289.000 mensuales que percibían: los $219.000 que representan el 70 % de la jubilación mínima, sumado al bono de $70.000.

 En los despachos oficiales especulan que, al finalizar la auditoría, las bajas podrían superar ampliamente los 250.000 beneficiarios como mínimo.

Las principales razones detrás de estas suspensiones incluyen el no cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para acceder a la pensión, así como la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificación. Estas suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas al finalizar el proceso.

Las autoridades de la ANDIS entienden que “la importancia de estas auditorías es un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada”, y esperan que “este proceso continúe, permitiendo una mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios”.

La auditoría afecta a todas las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, otorgada bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, y sus modificaciones. Según se recordó a este medio, la medida “no incluye a menores de edad ni a personas que ya fueron auditadas en 2024”.

Las auditorías son realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los beneficiarios reciben una carta documento con la fecha, hora y lugar donde deben presentarse, según el domicilio declarado cuando accedieron al beneficio. En caso de no responder, se envía una segunda intimación. Si no asisten, se procede a la suspensión. En ese punto llega la tercera instancia: en el banco donde cobran el beneficio se les informa que no percibirán la asistencia si no regularizan su situación, esto es, comunicarse con la ANDIS para acordar una revisión médica. De no hacerlo, se inicia el trámite para la baja definitiva.

En la auditoría se revisan los documentos que acreditan la condición médica del beneficiario. Por esa razón, es indispensable llevar el Documento Nacional de Identidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo posee, y los certificados médicos por los que se accedió a la pensión.

Spagnuolo y los funcionarios del Ministerio de Salud manejan una hipótesis basada en testimonios y causas judiciales en trámite, como por ejemplo en Chaco y Salta. Durante el último gobierno kirchnerista, a cargo de Alberto Fernández, se habrían entregado hasta mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral en actos políticos. Lo que representa unos 300 millones de pesos mensuales.