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Vientos Tucumanos Noticias
Una empleada de la Legislatura de Tucumán, identificada como María Alejandra Arrieta, fue procesada por una serie de presuntas estafas vinculadas con la supuesta gestión y venta de viviendas sociales. De acuerdo con la investigación, la mujer habría utilizado su condición de trabajadora legislativa y asegurado contar con contactos políticos, gremiales y dentro del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para convencer a distintas personas de que podía conseguirles una casa. El monto involucrado en las maniobras supera los $14 millones.
La investigación está a cargo del fiscal Diego López Ávila y, hasta el momento, son cuatro los hechos por los que se formularon cargos. El primero habría ocurrido a fines de 2022, cuando Arrieta se presentó como gestora y afirmó tener influencia en el IPV y la Legislatura. Con esa promesa, habría conseguido que una mujer le entregara $3,1 millones para acceder a una vivienda en San Andrés. La casa nunca apareció y, ante los reclamos, la acusada habría comenzado a dar distintas explicaciones para prolongar el engaño.
El segundo episodio se registró el 10 de noviembre de 2023. En esa oportunidad, según la acusación, Arrieta dijo ser empleada legislativa y abogada vinculada a UPCN, además de contar con importantes contactos. Ofreció gestionar una vivienda en Manantial Sur por $2,2 millones para el terreno y otros $40.000 destinados a supuestos gastos de escribanía. La víctima llegó a entregarle casi $2 millones, pero tampoco pudo acceder al inmueble prometido.
El tercer caso ocurrió el 23 de abril de este año. Allí, siempre según la investigación, la mujer se habría presentado nuevamente como abogada y ofreció recuperar para el IPV una vivienda ubicada en Manantial Sur. Por esa supuesta gestión pidió $4,1 millones. Sin embargo, cuando llegó el momento acordado para concretar la operación, la promesa tampoco se cumplió.
El cuarto episodio presenta una particularidad. El 10 de agosto, durante un viaje en Uber, Arrieta habría comentado al conductor que se dedicaba a recuperar viviendas sociales que permanecían desocupadas. El hombre le contó que tenía un familiar interesado y le pidió un contacto. Ese mismo día se habría producido una reunión en la que la acusada se presentó como abogada y miembro de la CGT. Según consta en la causa, consiguió documentación personal y $150.000 para iniciar las supuestas gestiones. Al día siguiente recibió otros $5 millones como anticipo por un terreno valuado en $12 millones y cobró además $300.000 para una supuesta inscripción al sistema. La detención de la mujer impidió que la maniobra avanzara.
La investigación y la medida judicial
Con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas denuncias, el fiscal Diego López Ávila dispuso la aprehensión de Arrieta. Posteriormente, a través del auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, se formularon los cargos por las presuntas estafas vinculadas con viviendas sociales. La mujer ya había sido acusada anteriormente por un hecho de características similares, pero la aparición de nuevas víctimas amplió considerablemente el expediente.
La Fiscalía solicitó que permaneciera detenida durante 45 días al considerar que, en libertad, podía entorpecer la investigación, ya sea mediante amenazas o nuevas promesas falsas dirigidas a las personas afectadas. Pero hubo un elemento que, según el Ministerio Público, tuvo especial peso: pese a haber sido señalada previamente por hechos similares, habría continuado buscando nuevas víctimas para llevar adelante las maniobras.
El juez interviniente hizo lugar parcialmente al pedido de la Fiscalía y dispuso que la medida cautelar se cumpla bajo arresto domiciliario, con una pulsera electrónica de monitoreo.
Víctimas que buscaban una vivienda propia
Fuentes judiciales señalaron que las personas afectadas serían trabajadores que desde hacía años buscaban acceder a una vivienda. En ese contexto, la investigación puso el foco también en la vulnerabilidad de quienes, frente a la necesidad de conseguir un techo propio, pueden terminar confiando en personas que aseguran tener contactos o capacidad de gestión dentro de organismos públicos.
Durante los últimos años, además, la Justicia comenzó a revisar el tratamiento de este tipo de maniobras. Anteriormente, en casos relacionados con la obtención irregular de viviendas sociales, podían abrirse investigaciones tanto por estafa como por cohecho, bajo la interpretación de que existía un pago indebido para conseguir una adjudicación.
Sin embargo, la crisis habitacional llevó a los magistrados a analizar con mayor profundidad el contexto de cada caso y, especialmente, la verdadera relación que los acusados mantienen con los organismos encargados de adjudicar las viviendas. La pregunta central pasa por determinar si existe un vínculo real con esas instituciones o si, por el contrario, se construye una apariencia de legitimidad para convencer a las víctimas.
En el caso de Arrieta, la investigación habría establecido que no tenía ninguna relación con el IPV. A eso se suma que, según la acusación, habría utilizado distintas identidades profesionales y gremiales, entre ellas la de abogada y supuesta integrante de organizaciones sindicales, para reforzar la credibilidad de sus ofrecimientos.
Cómo evitar caer en este tipo de estafas
Desde el ámbito judicial recomiendan extremar los cuidados ante cualquier persona que prometa conseguir una vivienda social a cambio de dinero. Todos los trámites deben realizarse por los canales oficiales y, ante la intervención de un supuesto gestor, es fundamental verificar su identidad y las facultades que realmente posee.
También se aconseja esperar únicamente comunicaciones oficiales sobre adjudicaciones y no realizar pagos por supuestos gastos administrativos, impuestos, escribanía o derechos en cuentas que no pertenezcan a organismos públicos.
Ante cualquier ofrecimiento relacionado con viviendas sociales, la recomendación principal es consultar directamente al IPV para confirmar si la propuesta es real. Si existen dudas, pedidos de dinero o promesas de adjudicación realizadas por particulares, se debe realizar la denuncia de inmediato para evitar que otras personas terminen cayendo en la misma maniobra.
Fuente: La Gaceta
