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Los médicos del MPF realizaron la constatación y descubrieron que el empleado (está nombrado como personal de maestranza especializado) no se encontraba en su domicilio. Los fiscales, Mariana Rivadeneira y Carlos Picón, solicitaron la detención al juez Mario Velázquez, quien aceptó el planteo.
La Superintendencia del Ministerio Público Fiscal comenzó a constatar que sus empleados que habían accedido a la licencia especial por aislamiento estaban cumpliendo con la medida de protección.
El detenido fue trasladado hasta el Centro Judicial de Monteros donde se le imputó por haber violado la Ley y puesto en peligro la salud pública. El sospechoso, según el artículo 205 del Código Penal, puede ser reprimido con prisión de seis meses a dos años por haber violado las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
El juez Velázquez ordenó que el empleado cumpla con la detención en su domicilio. Además, envió a la Comisaria de Monteros, un oficio para informarle de la situación y para que designe el personal que deberá vigilarlo.
Pese a que no trascendieron los detalles, los médicos del MPF le otorgaron la licencia que vencía mañana.
