Escándalo en Concepción: Trasladan a un fiscal tras denuncia por extorsión que involucra a un ex legislador

Centro Judicial Concepción / FOTO VIENTOS TUCUMANOS

Una investigación por presuntas transferencias de dinero y supuestas maniobras tendientes a influir indebidamente en trámites judiciales derivó en que un fiscal de Concepción fuera trasladado al centro judicial Capital. La decisión de la cúpula del Ministerio Público Fiscal (MPF) sobrevino tras la divulgación de imputaciones formuladas en el marco de una conflictiva disputa privada que involucra al ex legislador provincial Luis Brodersen, a su hijo Leonel y la pareja de éste, Victoria Paradi. Según confiaron fuentes judiciales con acceso al expediente, la medida administrativa buscó resguardar la transparencia funcional del fuero penal mientras se analizan los alcances de una acusación que se investiga en los tribunales del sur y que por el momento no reunió pruebas como para confirmar las acusaciones en contra del fiscal.

El foco del escándalo patrimonial, que fue informado hoy por el medio Enterate, radica en las afirmaciones de Paradi, quien en sus redes sociales exhibió una serie de capturas de pantalla de transacciones bancarias con las que sostuvo que Luis Brodersen habría girado cerca de $20 millones a cuentas vinculadas al fiscal Enrique Rojas con el propósito de condicionar diversas actuaciones tribunalicias. Según indicaron fuentes judiciales a LA GACETA, este señalamiento se sumó un segundo frente de sospecha que apunta contra la abogada Paula Cortés -identificada en los planteos como pareja del magistrado e integrante del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) como asesora de un legislador-, a quien se le endilgó, siempre de parte de la denunciante, un registro de audio en el que presuntamente alude a supuestos nexos dentro de la estructura de la fiscalía y a la viabilidad de pactar acuerdos de reparación integral o tareas comunitarias para extinguir antecedentes penales. Los voceros de Tribunales advierten que, si bien son elementos que circulan en el litigio, su validez jurídica y veracidad procesal están sujetas a peritajes técnicos que aún no concluyeron.

Lejos de tratarse de una causa autónoma sobre corrupción, este capítulo de presuntos pagos ilegales emergió como una derivación directa de una intensa guerra doméstica iniciada a mediados de año, cuando Paradi denunció formalmente a Leonel Brodersen por presuntos hechos de violencia de género. El conflicto recrudeció el 2 de septiembre, momento en que el propio ex parlamentario se presentó en los estrados para denunciar penalmente a su hijo y a su nuera por presuntas amenazas coactivas y extorsión, aseverando que la pareja le exigía la entrega inmediata de las llaves de un inmueble de su titularidad en Concepción bajo la advertencia de que sufriría “consecuencias irreversibles”.

A partir de esa presentación, la Unidad Fiscal a cargo del fiscal Gerardo Salas solicitó una serie de allanamientos que se concretaron el 4 de septiembre con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, ordenadores y soportes digitales pertenecientes a los imputados, al tiempo que se incorporaron capturas de redes sociales y registros de supuestas conversaciones reservadas en plataformas de mensajería cifrada. Asimismo, la parte acusadora solicitó la inmediata fijación de medidas cautelares de restricción de acercamiento y cese de todo tipo de hostigamiento o comunicación entre las partes.

A partir de los hechos relatados, el ministro fiscal Edmundo Jiménez ordenó una serie de medidas: primero ordenó el traslado de Rojas al ámbito conclusional de Capital, nombró al fiscal Diego Hevia para que realice una auditoría en la fiscalía de Rojas , y encomendó al fiscal regional Fernando Blanno que investigue las presuntas transacciones de dinero. Mientras tanto, el fiscal Salas sigue adelante con la investigación por presunta extorsión en contra de Brodersen. Para los investigadores hay algunos detalles que no cierran, entre ellos, el hecho de que la presunta transferencia de dinero de Brodersen a Rojas se habría realizado a fines de julio, pero la denuncia se concretó en agosto. Es decir que se habría entregado dinero antes de que se iniciara una causa.

El mismo diario habló con Brodersen quien dio su versión de los hechos. “Todo esto nace de una situación privada y familiar. La pareja de mi hija ya había sido denunciada por diversos actos y está atacando a mi familia, y yo debo defenderme”, indicó. “Todo lo que dice es mentira. Yo no necesito pagar nada para influir en nadie”, agregó. Y fue tajante: “a mi me hackearon el celular y sacaron capturas de pantallas y mezclaron verdad con mentira. Y para peor están ensuciando al doctor Rojas que es una excelente persona”. Según el ex legislador, los montos de dinero a los que se hacen referencia son producto de transacciones comerciales entre él (es dueño de una tarjeta de crédito) y el fiscal “en intercambios absolutamente legales y comprobables”. Brodersen lamentó que una situación privada haya tomado estado público. “Ni yo ni el doctor Rojas cometimos ningún ilícito. Todo parte de esta mujer que lo único que quiere es destruir a mi familia y yo no se lo voy a permitir”, finalizó.

FUENTE: LA GACETA / JUAN MANUEL MONTERO