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Este lunes 13 de junio se realizó una audiencia convocada por el Ministerio Público Fiscal con el objeto de formalizar la investigación y formular cargos en contra de Enrique Bustamante, de 39 años, acusado de haber trabajado en una clínica de Concepción prestando servicios como médico terapista, sin poseer título habilitante y utilizando la matrícula profesional del Dr. Guillermo Sergio Martínez, quien había denunciado esta situación el pasado mes de abril cuando, según manifestó, descubrió de casualidad que otra persona ejercía la medicina con su nombre y con su número de matrícula en un sanatorio para pacientes del PAMI.
El caso lo lleva adelante la Unidad de Decisión Temprana de los Tribunales de Concepción, a cargo del fiscal Miguel Varela. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, María Emilia López Delgado, procedió a relatar los hechos y las evidencias con las que cuenta la fiscalía hasta el momento.
Según la acusación efectuada por el MPF, entre mayo del año 2019 y abril del 2022, el imputado trabajó en la mencionada clínica desempeñándose en el área de Salud, más precisamente en el área de Terapia Intensiva, y que para lograr tal finalidad simuló calidad de profesional de la Salud, prescribiendo tratamiento y recetas médicas, suministrando medicamentos y firmando historias clínicas de pacientes que ingresaban a dicho nosocomio bajo la identidad, nombre y matrícula de un profesional de la capital, y que para ello se valía de su sello, percibiendo una remuneración mensual. Además, se agregó que dicha actividad las había realizado sin título habilitante ni autorización, utilizando una identidad distinta a la suya, comprometiendo con su conducta la Salud pública y la Administración Pública.
Entre las evidencias con las que cuenta la fiscalía, la funcionaria detalló las declaraciones testimoniales de familiares de pacientes atendidos en la clínica; declaraciones de empleados de la misma; informes de inspección efectuados en el nosocomio; informes provistos por la Facultad de Medicina, los cuales indican que el acusado es estudiante regular de la carrera y que el denunciante es egresado de la misma el año 2005. También se hizo mención al secuestro del teléfono celular del imputado, encontrado en un allanamiento realizado días atrás en su domicilio.
La calificación legal provisoria atribuida es por los delitos de usurpación de títulos y honores y ejercicio ilegal de la medicina, en perjuicio de la Administración Pública y la Salud Pública.
