Promulgada en octubre de 2019 y con la indicación de que empezara a regir desde el 1° de enero de 2020, recién este 1° de noviembre de 2022 se implementará efectivamente la ley N° 9.188, más conocida como Ley de Narcomenudeo. La normativa, aprobada con la firma del por entonces presidente de la Legislatura y hoy gobernador, Osvaldo Jaldo, y luego promulgada con la firma del por entonces gobernador y hoy jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, implica la atención de la Justicia Provincial a casos de venta minorista de drogas, hoy en manos de la Justicia Federal.

La provincia apeló a una parte de la ley nacional 23.737, que dice que los delitos referidos a tenencia y venta de drogas son competencia de la Justicia Federal excepto en las provincias que decidan asumir dicha competencia. Tras el intento frustrado de la ley provincial 8664, en los últimos días del primer mandato del binomio gobernante en la provincia se pudo aprobar la actual Ley de Narcomenudeo para avanzar en esa tarea.

Sin embargo, no fue un camino sencillo para llegar a esta implementación: la norma no se pudo poner en práctica por la falta de recursos y en agosto de 2020, en plena pandemia de covid-19, el Ministerio Público Fiscal (MPF) interpuso una medida cautelar que dejó en suspenso la ley. Esa cautelar se sostuvo hasta el 25 de abril de este año, luego de que Jaldo, mediante un escrito, pidiera que se revise la situación. La Corte Suprema de Justicia de la provincia hizo lugar al pedido del Poder Ejecutivo y ordenó "dejar sin efecto la suspensión de la aplicación de la Ley N° 9.188 y sus modificatorias".

En el mismo fallo, la Corte ordenaba ciertas medidas necesarias para la correcta aplicación de la norma. En primer lugar, y haciéndose eco de uno de los principales reparos del MPF, ordenó al Ejecutivo provincial la adecuación presupuestaria para cubrir los cargos necesarios. "En cualquier caso, deberá buscarse que existan recursos humanos y tecnológicos suficientes para la persecución del delito", señalaban los magistrados. La provincia ya aprobó los pliegos en la Legislatura para designar a los funcionarios judiciales que tomarán estos casos. Además, este lunes fueron integrados a la Policía 787 agentes que engrosarán, entre otras divisiones, las filas de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop), abocada a esta tarea. También se firmó un convenio con Nación para usar los laboratorios de la Policía Federal, hasta que se pueda invertir en equipamiento propio.

La Corte también insistía en la capacitación de todas aquellas personas destinadas a la tarea. Desde el Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, han tenido varias instancias de formación a agentes del personal policial. Las jornadas incluyeron a otras áreas de la Policía, como Guardia Urbana, pero también a vigías municipales, que suelen colaborar con la Policía provincial.

En julio, la Legislatura aprobó algunas modificaciones que eran pedidas por la Corte Suprema (esto contó con el voto de oficialistas y opositores) y se formó la comisión interpoderes contemplada en la ley y formada por un vocal de la Corte, el Ministro Público Fiscal, el ministro de Gobierno y Justicia, el ministro de Seguridad y el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura.

Finalmente, tras todos estos obstáculos, este 1° de noviembre se dará por implementada formalmente la ley, aunque ya fue advertido que pasarán unas semanas hasta que se acomoden todas las partes en el funcionamiento.

La lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo es un tema muy sensible y que cuenta con cierto apoyo de la oposición. Ahora la provincia tendrá varios desafíos. Por un lado, el de clarificar en la práctica las diferencias entre narcotráfico (corresponde a la Justicia Federal) y narcomenudeo. De esto se desprende otro: evitar roces entre las diferentes jurisdicciones y áreas por ver quién toma cada caso. La coordinación entre la Policía de la provincia y las fuerzas federales (Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria) ya tuvo una suerte de prueba piloto con el Operativo Lapacho, con controles en los puntos limítrofes de la provincia, ese trabajo también deberá ser profundizado. Por otra parte, si se da un avance sobre quienes venden pequeñas cantidades de droga, habrá un incremento de detenidos que puede agravar la crisis carcelaria que atraviesa la provincia. Finalmente, la cuestión de las capacitaciones para evitar que se judicialice o se persiga a los consumidores.

Fuente: El Tucumano