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El gobernador Osvaldo Jaldo firmó ayer por la tarde un Decreto de Necesidad y Urgencia en el cual se resuelve apartar de su cargo al comisionado de El Mollar, Jorge Cruz, hasta tanto se esclarezca su participación en el caso por la venta de tierras que hoy figuran como parte de la Reserva La Angostura.
Hace tiempo que El Mollar se encuentra bajo la lupa debido al manejo irregular y la comercialización de tierras fiscales. La investigación comenzó en octubre, cuando se descubrió que en la Reserva de La Angostura, considerada una zona protegida, se estaban desarrollando actividades comerciales, turísticas y emprendimientos inmobiliarios. La fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls llevó el caso a tribunales y se dictó una medida cautelar en la que se prohibía realizar modificaciones en la reserva para preservar el medio ambiente.
Hipótesis fiscal
Con el avance de la investigación, los pesquisas descubrieron que la situación era más grave de lo que parecía en un principio debido a un engorroso entramado en el cual habrían participado funcionarios de la ex Subsecretaria de Regularización Dominial y de Hábitat de la provincia, cuyo objeto eran los negocios inmobiliarios, principalmente la venta de terrenos fiscales.
Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, se trata de una organización que procuraba dotar con visos de legalidad a través de trámites irregulares cierta documentación para facilitar el negocio y las futuras ventas de parcelas bajo el manto de desarrollos inmobiliarios lícitos. “Una vez obtenida la documentación necesaria, esa puesta en escena, era idónea para inducir a engaño a personas interesadas en adquirir un lote para su vivienda con el consecuente perjuicio patrimonial para las mismas, ya que aquellas parcelas corresponden dominialmente al Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán”.
A raíz de la documentación secuestrada y de los testimonios recolectados, los principales sospechosos, que actualmente están a la espera de una audiencia de formulación de cargos, son: Juan Pablo Castro (titular del emprendimiento), Jorge Cruz (comisionado de El Mollar), Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo (ex titular y empleados de Regularización Dominial, respectivamente), Yanina Mamaní (nuera del último empleado estatal) y Damián Romano (nieto político de Castro).
Destitución
La noticia encendió las alarmas en Casa de Gobierno por lo que ayer a la tarde el gobernador firmó el documento que dispone la suspensión del comisionado Cruz apenas aterrizó en el aeropuerto Benjamín Matienzo, tras regresar de Buenos Aires.
El Decreto dispone la suspensión del cargo de Comisionado Comunal de Cruz, hasta tanto se defina y/o resuelva su situación procesal. Además le ordena ponerse a disposición de las autoridades judiciales y proporcionar toda información que le fuese requerida para facilitar la investigación judicial.
Hasta tanto se resuelva el caso, asumirá interinamente el subdelegado, Ramón Pacífico Ávila, quien será puesto en funciones a primera hora de hoy por el ministro del Interior, Darío Monteros.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nosotros no avalamos a nadie y pedimos que la Justicia vaya a fondo, sea con las personas que han accedido, con funcionarios de gestiones anteriores y actuales. Que se esclarezca y que les caiga todo el peso de la ley”, declaró Jaldo.
Ávila fue muy escueto ante nuestro diario: “estoy muy agradecido; es una responsabilidad muy grande y ojalá pueda hacer las cosas de la mejor manera. Mañana a las 8 de la mañana asumo y desde ese momento me pongo a disposición de toda la gente”.
