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El gremio del sector buscan impugnar el decreto 461/2025 por el cual se disolvió esa Dirección Nacional. Alegan que viola derechos laborales y que el Ejecutivo no tiene la potestad para tomar la medida.
SOCIEDAD15 de julio de 2025
Vientos Tucumanos Noticias
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la justicia laboral con una medida cautelar de no innovar contra el Poder Ejecutivo Nacional en general y el Ministerio de Desregulación en particular para evitar el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad.
La presentación busca impugnar el decreto 461/2025 por considerarlo inconstitucional y “violatorio de derechos laborales y humanos fundamentales”. El objetivo central es preservar el organismo que ostenta más de 93 años de historia y tiene presencia con más de 5 mil empleados en toda la Argentina, octavo país del mundo en extensión territorial.
El planteo ante la Justicia
El recurso judicial advierte la falta de horizonte sobre el futuro de las actividades que realiza el organismo: “Se genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos y operarios que aportaron, desde la creación de los distintos organismos estatales, seguridad, adelantos tecnológicos y la custodia de la vida digna de todos los argentinos”.
En total son 5.245 empleados en la DNV. El amparo reclama que, en caso de sostenerse el cierre del organismo, los trabajadores/as sean absorbidos por otras reparticiones con los mismo derechos, condiciones, antigüedad y beneficios. En tanto, la medida cautelar de no innovar busca que mientras avance el expediente judicial se garantice el cobro de los salarios y la continuidad laboral.
Los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, hicieron el planteo en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº23, a cargo de Marta Rey
Inconstitucionalidad
Entre los argumentos, los demandantes aseguran que la ley Bases y las facultades delegadas no le dieron la potestad al Poder Ejecutivo de disolver entes como Vialidad Nacional. Es porque el Artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa al Ejecutivo, salvo en algunas excepciones y por un límite determinado de tiempo. De esta manera, afirman que la eliminación de la DNV, que es autárquica y creada por ley, no puede ser vía decreto ni por facultades delegadas.
Los sindicatos advierten que cerrar Vialidad afecta el interés público, ya que implicará no sólo más inseguridad vial sino también menos transparencia.
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