“Chipi” Jiménez, uno de los principales procesados en la denominada causa Alberdi, denunció apremios ilegales

El expediente se originó en junio pasado, tras la viralización de un audio en el que Jiménez —supuesto empresario de la construcción— mantenía una conversación con el ex intendente Luis Campos. En ese diálogo no solo se exponían posibles contactos con el narcotráfico, sino también irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Con el avance de la investigación, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz imputó a Campos, su esposa y legisladora Sandra Figueroa, el ex secretario de Hacienda José Carlos Roldán, el ex titular de Desarrollo Social Juan Pablo Barrionuevo, el ex concejal Albano Loru y el propio Jiménez. La hipótesis es que habrían utilizado la estructura financiera del municipio para ingresar activos provenientes de la distribución y comercialización de drogas.

Actualmente, Campos y Figueroa permanecen en libertad, mientras que el resto de los acusados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz. En las últimas semanas hubo novedades en torno a dos de ellos:
José Carlos Roldán recibió el beneficio de arresto domiciliario.
Roque Jiménez denunció haber sido víctima de apremios ilegales. Su defensora, Silvia Furque, aseguró que médicos forenses constataron lesiones en su cuerpo.
A raíz de ello, el tribunal dispuso medidas de protección: se notificó al Servicio Penitenciario sobre lo ocurrido y se prohibió que dos guardiacárceles se acerquen al detenido.

La defensa también gestiona su traslado a un penal federal, aunque aclaró que no se solicitó el arresto domiciliario por problemas de salud, como había trascendido erróneamente.

En paralelo, los abogados Javier Lobo Aragón y su hijo presentaron un pedido para que Albano Loru acceda al arresto domiciliario, aunque la solicitud aún no prosperó.

El fiscal Vehils Ruiz continúa con la recolección de pruebas. En los últimos días se concretó el acto de reconocimiento de bienes secuestrados a los sospechosos. Además, se aguarda el inicio de las pericias a celulares y dispositivos electrónicos decomisados en los allanamientos, así como análisis financiero-contables para determinar el flujo y destino de los fondos presuntamente ilícitos.

La causa Alberdi se consolida como una de las investigaciones más sensibles en la provincia, por el cruce entre política, finanzas públicas y narcotráfico, y mantiene bajo la lupa a ex autoridades municipales y allegados que podrían haber conformado una asociación ilícita con fines de lavado y tráfico de drogas.

Fuente: Contexto