La gestión de Rossana Chala calificó de “extorsiva” la presión del sector empresario del transporte

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán respondió con dureza al primer escrito presentado por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), que propone reemplazar el actual esquema tarifario por un sistema de “boleto por kilómetro”. Aunque el municipio sostuvo que está dispuesto a discutir soluciones estructurales para la crisis del transporte, cuestionó con fuerza el tono y el mecanismo elegido por los empresarios.

En una nota oficial, el fiscal municipal Conrado Mosqueira calificó como “llamativo” el accionar de Aetat, y señaló que la propuesta fue presentada “inesperadamente” y “bajo amenaza de formular una denuncia penal” contra autoridades comunales por presunta omisión de funciones. Además, recordó que en la última reunión entre las partes los empresarios “intimaron a proveer un subsidio de $2.000 millones mediante amenaza de paro inmediato”.

El municipio advirtió que, de persistir esa conducta, podría formular una denuncia penal por extorsión contra Aetat.

Las respuestas de la Municipalidad capitalina

1) Tarifas: El municipio recordó que la Ley Orgánica de Municipalidades (1983) establece que el Concejo Deliberante es el único órgano con facultades para fijar la tarifa del boleto urbano.

2) Controles y calidad del servicio: Mosqueira negó que haya omisiones en los controles y afirmó que Sutrappa y Tránsito realizan operativos diarios, con sanciones y secuestros de vehículos ilegales. Sin embargo, remarcó la “crisis estructural de eficiencia, frecuencia y calidad” del transporte público, señalando demoras, recorridos incumplidos y deficiencias en higiene y seguridad. También planteó que el crecimiento de apps como Uber o Didi es una respuesta social a un servicio deficiente, y recordó que el DEM envió un proyecto para regular plataformas, aún sin tratamiento legislativo.

3) Boleto Educativo Municipal: El fiscal rechazó “categóricamente” que el Boleto Educativo Municipal tenga fines políticos.

4) Sistema SUBE: Consideró que la SUBE supuso un “avance sustancial en transparencia, eficiencia y trazabilidad”, al garantizar un control claro sobre los fondos públicos y privados.

5) Concesiones y coordinación con la Provincia: Mosqueira afirmó que no existe “precariedad jurídica” y que la situación de concesiones viene de gestiones anteriores. Sostuvo que las empresas compraron unidades nuevas, pero las frecuencias y la calidad siguen siendo insuficientes.

La municipalidad capitalina espera respuesta de la Provincia

Por último, recordó que el municipio envió el 15 de septiembre una nota al secretario de Transporte provincial, Vicente Nicastro, para conformar una mesa de trabajo multisectorial, pero aseguró que aún no obtuvo respuesta.

La disputa suma tensión a una crisis que ya derivó en suspensiones rotativas de choferes, reducción de servicios y advertencias del sector empresario sobre la sostenibilidad del sistema.