Fin a más de tres décadas de control sobre los aranceles de los colegios privados

El Gobierno nacional derogó el Decreto 2417 de 1993 y puso fin a más de tres décadas de control sobre los aranceles de los colegios privados sin aportes estatales. A partir de ahora, las instituciones de gestión privada podrán ajustar las cuotas y matrículas de manera autónoma, sin necesidad de comunicar los aumentos con antelación ni esperar una aprobación estatal.

La medida formó parte de una actualización del marco regulatorio que buscó evitar aumentos arbitrarios y dar mayor previsibilidad a las familias. Según el texto oficial, el esquema anterior empujaba a las escuelas a definir incrementos anticipados, basados en proyecciones macroeconómicas inciertas, que terminaban ubicando el precio de la educación por encima del resto de los bienes de la economía.

Qué pasará ahora con las cuotas

La derogación del régimen anterior implica un cambio estructural en la forma en que las escuelas fijarán sus cuotas. Hasta ahora, los colegios estaban obligados a presentar su estructura arancelaria antes del cierre del año y comunicarla a los padres con varios meses de anticipación. Esa modalidad se justificaba como un modo de ofrecer previsibilidad a las familias, pero en la práctica impulsaba ajustes por encima de la inflación esperada.

Con la nueva normativa, los colegios podrán modificar sus cuotas durante el año, siempre que lo hagan de manera gradual y justificada por el movimiento de sus costos. No habrá una autorización estatal previa ni un calendario de aumentos fijado de antemano. Cada institución definirá el momento y la magnitud del ajuste según su estructura de gastos, salarios docentes, mantenimiento e insumos.

Para las familias, el cambio significa que el costo mensual podrá variar con mayor frecuencia, aunque con aumentos teóricamente más acotados. Ya no existirá la obligación de recibir la comunicación de la cuota anual en noviembre, por lo que las variaciones podrán darse en cualquier momento del año escolar.

Los colegios, por su parte, tendrán mayor autonomía para administrar su presupuesto. Podrán ajustar sus valores cuando los costos salariales o de servicios se disparen, sin esperar a fin de año ni someterse a una aprobación estatal. Las instituciones argumentan que este cambio les permitirá proyectar inversiones, mejorar infraestructura y sostener su funcionamiento en escenarios de incertidumbre económica.