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Vientos Tucumanos Noticias
Durante la audiencia celebrada hoy, la defensa de las imputadas presentó una propuesta de reparación que fue aceptada.
Este miércoles 24 de junio se llevó a cabo una audiencia solicitada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, que conduce Gerardo Salas, a los fines de tratar un pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) en una causa por estafa. En la misma, se resolvió otorgar el beneficio a dos mujeres que se encontraban imputadas por una maniobra defraudatoria sistemática.
De acuerdo a la acusación sostenida por el auxiliar de fiscal Juan José Ibañez, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2022 y abril de 2024. Una de las acusadas, aprovechando la confianza depositada en ella por su condición de empleada de un local comercial de calzados ubicado en la ciudad de Aguilares, y valiéndose de la avanzada edad de la propietaria y su desconocimiento en el manejo de dispositivos electrónicos, logró acceder a la cuenta de la billetera virtual "BNA+" del Banco de la Nación Argentina, donde se acreditaban las ventas del negocio.
Conociendo el usuario y la contraseña, y mediante el uso no autorizado de la aplicación, la empleada generó un total de 289 órdenes de extracción de dinero sin tarjeta física (modalidad Punto Efectivo). Dichos códigos eran remitidos sistemáticamente a su madre. Con estos datos y el número de DNI vinculado a las operaciones, ambas mujeres concurrieron en reiteradas oportunidades a diversos cajeros automáticos, logrando efectivizar las extracciones por un total de $4.772.000, ocasionando un perjuicio económico directo al patrimonio de la damnificada.
La calificación jurídica atribuida por la fiscalía contra las dos mujeres fue la de coautores del delito de estafa.
Condiciones de la Probation
Durante la audiencia celebrada hoy, la defensa de las imputadas presentó una propuesta de reparación que fue aceptada. El ofrecimiento aprobado comprende, para cada una de las mujeres, la realización de tareas comunitarias en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Río Chico durante el plazo de un año.
Asimismo, se estableció una reparación económica a favor de la víctima: una de las imputadas abonará la suma de $180.000 en doce cuotas de $15.000, mientras que la otra pagará $300.000 en doce cuotas de $25.000. Finalmente, se les impuso la obligación de fijar domicilio en la ciudad de Aguilares y la prohibición absoluta de acercamiento hacia la víctima para resguardar el proceso.
