Matrimonios y domicilios falsos: investigan una red que traía extranjeros desde Medio Oriente a Argentina

Una investigación de la Justicia Federal de Mar del Plata puso al descubierto una presunta organización que, según la acusación del Ministerio Público Fiscal, se dedicaba a facilitar el ingreso, permanencia y radicación de ciudadanos extranjeros en la Argentina a cambio de importantes sumas de dinero. Por el caso, los fiscales solicitaron que cuatro personas sean sometidas a juicio oral: una mujer siria, un ciudadano tunecino, un ciudadano marroquí y un argentino.

De acuerdo con la investigación, la organización habría funcionado al menos desde 2022 hasta noviembre de 2025 y recurría a distintas maniobras para dar una apariencia de legalidad a situaciones migratorias irregulares. Entre ellas se detectaron presuntos matrimonios ficticios con ciudadanos argentinos, domicilios conyugales falsos, relaciones laborales inexistentes y mecanismos destinados a eludir controles migratorios. También se habrían utilizado pasos fronterizos no habilitados para facilitar el ingreso de algunas personas.

La principal acusada es H.H., una mujer siria de 53 años, a quien la Fiscalía señala como presunta autora de la maniobra. Según la acusación, habría ofrecido de manera sistemática distintas alternativas, legales e ilegales, para obtener residencia o ciudadanía argentina a cambio de pagos que oscilaban entre 25.000 y 30.000 dólares. La investigación también sostiene que administraba uno de los inmuebles utilizados como lugar de recepción y alojamiento de extranjeros y que acompañaba a personas en distintos trámites migratorios.

Los otros tres acusados son H.A., ciudadano tunecino de 33 años; A.N., ciudadano marroquí de 51; y W.A.T., argentino de 62 años. El primero está acusado como partícipe necesario y habría asesorado a otras personas sobre los requisitos y montos para acceder a una visa de inversionista, además de simular un matrimonio con una mujer argentina para obtener la residencia y eventualmente la ciudadanía. A.N., en tanto, habría aportado un inmueble, participado como testigo en un matrimonio simulado y figurado como empleador de uno de los extranjeros para aparentar una relación laboral real. W.A.T. también habría actuado como testigo en uno de esos matrimonios y mantenido comunicaciones con los demás integrantes.

La causa se inició en marzo de 2024 a partir de una denuncia de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal relacionada con un ciudadano egipcio que había ingresado al país en 2022 y solicitado ser reconocido como refugiado. La investigación se profundizó luego de que se detectaran presuntos vínculos del hombre con un exagente operativo de Al-Qaeda buscado por autoridades egipcias. A partir de allí, la UFECO, con colaboración de agencias internacionales y de la Prefectura Naval Argentina, analizó comunicaciones —algunas en árabe—, documentación migratoria, bases de datos y distintos movimientos que permitieron identificar a los principales sospechosos y sus conexiones con personas radicadas en Medio Oriente.

El 13 de noviembre de 2025, la Prefectura realizó siete allanamientos simultáneos en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Buenos Aires, además de una orden de presentación. Los cuatro acusados fueron detenidos y durante los procedimientos se secuestraron nueve armas de fuego, entre ellas fusiles, subfusiles, carabinas y pistolas, además de municiones, pólvora, armas blancas y documentación. En uno de los domicilios allanados, ubicado sobre calle Gascón, también fue encontrada una pareja de ciudadanos turcos.

La investigación está a cargo de los fiscales federales Santiago Eyherabide, Alejandra Mángano y Santiago Marquevich, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), respectivamente. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la elevación a juicio ante el juez federal Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N.º 3 de Mar del Plata. Inchausti había dictado los procesamientos en diciembre de 2025 y dispuesto prisión preventiva para H.H., mientras que para los otros tres imputados había fijado cauciones personales de entre 30 y 100 millones de pesos y embargos de hasta 200 millones. La situación procesal de H.H., H.A. y W.A.T. fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.