La Justicia tucumana ordenó la suspensión de los débitos directos en las cuentas de los trabajadores del Estado que realizaban algunas empresas sin el consentimiento de sus titulares, maniobra que podría haber afectado a unos 50.000 empleados y generado una estafa de varios millones de pesos, informó hoy el Ministerio Público Fiscal.

El juez Néstor Rafael Macoritto ordenó al banco Macro, entidad a través de la cual los trabajadores estatales tucumanos cobran sus haberes, el cese inmediato de esos descuentos, tras un pedido realizado por el fiscal Pedro Gallo, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.

La medida se concretó tras una investigación iniciada a partir de la denuncia penal formulada por el titular de la Defensoría del Pueblo, Fernando Juri Debo.

"Es una medida cautelar inicial, por el plazo de tres meses, que está destinada a proteger a las víctimas, evitar consecuencias perjudiciales y para que cesen los delitos directos, mientras avanza la investigación a los fines de establecer qué tipo de responsabilidades y quienes llevaron adelante este proceso", señaló el fiscal que lleva adelante la causa.

Gallo comentó que podrían ser miles los damnificados y destacó que la denuncia fue formulada por el Defensor del Pueblo, a raíz de presentaciones que hicieron distintos sindicatos por descuentos de débito automático irregulares a cuentas de trabajadores estatales.

"Los débitos son desconocidos por los trabajadores que los sufren", explicó el funcionario judicial, quien indicó que los afectados en una primera etapa serían unos 50.000 empleados del sector público, pero no se descarta que se sumen nuevas denuncias.

Gallo destacó que "varias empresas aparecen en las denuncias" realizadas por los afectados y serán investigadas ya que si bien descontaban sumas chicas que no superan los 600 pesos, el volumen de trabajadores afectados es muy importante y eso les habría permitido obtener varios millones de pesos