Finalmente el gobierno reglamentó el plan universal obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y televisión por suscripción. El objetivo es “favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos”, según el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La reglamentación hace referencia a que acceder a estos servicios es un derecho humano.

Como el papel aguanta cualquier cosa que alguien escriba, se les ocurrió incluir en esta asignación universal (en Argentina todo es universal: la asignación universal por hijos, hablar por celular, usar internet, ver televisión por cable) a jubilados y pensionados, a los que reciben la asignación universal por hijo, a los que reciben pensiones no contributivas como los terroristas que tienen un subsidio que paga el contribuyente, a las madres con más de 7 hijos, al millón de pensiones por invalidez laboral que agregó el kirchnerismo y sigue el listado. O sea, todo un universo de gente que ya es mantenida por los contribuyentes, ahora también va a tener acceso a un subsidio para usar el celular, internet, telefonía básica y televisión por cable.

Como de costumbre, la reglamentación hace referencia a que acceder a estos servicios es un derecho humano. Para el populismo, pareciera ser que porque se declara algo como derecho humano, automáticamente ese bien o servicio deja de ser escaso y se transforma en algo abundante. Con sólo declarar algo “derecho humano”, los populistas derogan la escasez. Tal el grado de insensatez económica.

FUENTE: INFOBAE