Albarracín solicitó al PEN el envío y apoyo de las Fuerzas Federales; y ante la HLT la interpelación de Maley

Una seguidilla de crímenes violentos ocurridos en estos últimos días en nuestra provincia, fueron suficientes para engrosar la triste lista de muertes por la inseguridad: 32 en total se contabilizan en estos dos meses y medio de 2021, cifra que representa de alguna forma un adelanto de un nuevo año posiblemente, batiendo una vez más records de delito y violencia.

Ante esta candente e insostenible situación de Emergencia en Seguridad Pública, el Legislador Raúl Albarracín junto con sus pares del Bloque PJS: Walter Berarducci y Raúl Pellegrini, solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional el envío y apoyo de Fuerzas Federales. “La emergencia en política carcelaria, en materia de tratamiento y recuperación de adictos y seguridad vial, en la cual se encuentra Tucumán hace más de cuatro años, solicité con carácter de urgencia al Gobierno Nacional el envío y apoyo de Fuerzas Federales, tanto radicadas en la provincia como con asiento en la región”, comentó Albarracín. El pedido tiene como objetivo controlar y detener la escalada delictiva y de violencia que padecen los tucumanos.

El funcionario advirtió que tenemos que estar atentos y preparados, “Tucumán se consolida cada día, con más fuerza, como la segunda provincia con peores indicadores de seguridad pública y ciudadana del país, solo por detrás de Santa Fe, cuyos estándares igualan a los países más violentos de la región. Tenemos la tasa de no denuncia más alta a nivel nacional con un 27% según la última Encuesta Nacional de Victimización, lo cual implica una nula confianza en las instituciones responsables de la política de seguridad, o sea la policía, la justicia, y el sistema carcelario”, recordó.

Así mismo, los parlamentarios solicitaron a la Legislatura de Tucumán se lo cite al Ministro de Seguridad, Claudio Maley, a asistir a la próxima Sesión Legislativa, a los efectos de brindar información sobre las políticas de seguridad que se implementan en la provincia, específicamente del Programa “Cuadrantes de Patulla”. Albarracín propone que resuelva los siguientes interrogantes: cuáles son las bases teóricas o doctrinarias sobre las cuales se sustenta el programa; cómo se evalúa y selecciona a los policías que serán parte de esta iniciativa; cuál es la formación específica que tienen o reciben los efectivos policiales destinados a ejecutar las acciones de proximidad con las comunidades en el marco de este programa; cantidad de policías afectados y desplegados; cuál es la proyección y despliegue territorial de este programa en el corto, mediano y largo plazo; qué resultados concretos en cifras objetivas se fueron obteniendo desde el inicio de la implementación hasta la actualidad, debido a que en declaraciones periodísticas, los funcionarios policiales dan respuestas muy ambiguas y poco específicas; cuáles son las alianzas estratégicas comunitarias e institucionales que priorizan los efectivos policiales durante sus trabajos de acercamiento en sus respectivos barrios; qué días y horarios en los cuales está operativo el programa; medidas que se están arbitrando a fin de evitar el desborde de violencia y cuál es el plan que van a implementar vosotros a fin de prevenir la creciente ola delictual en el interior de la provincia.

“Las muertes de este fin de semana, sumadas a los asesinatos de un vecino y su hijo en La Invernada, la situación de arrebatos, entraderas, robos a comercios, peleas entre bandas, muestran una vez más la absoluta falta de capacidad del gobierno provincial para poder dominar un panorama ya de total descontrol y desborde delictivo, que no solo está afectando los bienes de muchos tucumanos, sino también de muchísimas vidas”, dijo el Legislador Albarracín.

En declaraciones señaló que  los mayores indicadores de delitos contra la propiedad, amenazas, y hurtos lo tiene Tucumán. Prosiguió diciendo que tiene un altísimo empleo de armas de fuego en los hechos delictivos, y pérdida de control por parte de la fuerza policial de territorios en algunos

Sectores altamente violentos del Gran San Miguel de Tucumán.

“Frente a esta catástrofe en materia de seguridad, Tucumán responde con un gobierno impotente que parecería no tomar dimensión de la emergencia que atravesamos, y que desempolva viejas, repetidas y fracasadas estrategias, que no generan ningún tipo de mejora en la dinámica del delito. Pero también con una fuerza policial carente de recursos y condiciones básicas para poder hacer frente a una delincuencia cada vez más compleja en escala e intensidad”, fundamentó.

Dio como ejemplo el sistema 911, columna vertebral operativa del despliegue territorial policial, que “solo cuenta con 15 móviles para brindar cobertura en la capital provincial, que concentra más del 70% de los delitos de la provincia. A su vez, una fuerza policial desmotivada frente a un sistema judicial que juzga y condena en cantidades bajísimas, salvo excepciones, y que genera grandes incentivos a la delincuencia para continuar en la actividad criminal”.

El Legislador cree que el deterioro en nuestros estándares de seguridad solo puede empezar a revertirse aplicando reformas estructurales en nuestro sistema policial, judicial y carcelario, y cumpliendo con los fines de modificaciones ya implementadas a fin de garantizar una armonía entre los tres sistemas. “Cambios que claramente el gobierno provincial no tiene intenciones de encarar, ya que a las claras está que desde que asumió hace 5 años, solo se dedicó a administrar el problema, y no a generar condiciones transformadoras que produzcan mejoras sustentables en la política de seguridad interior, finalizó.