
Paro general del 10 de abril: UTA confirmó que no adhiere a la medida
La Unión Tranviarios Automotor confirmó que no será parte de la huelga programada para todo el país el próximo jueves
Empresarios de Tucumán anunciaron también la suspensión de trabajadores.
TRANSPORTE PÚBLICO30 de agosto de 2023La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) comunicó este miércoles la decisión de adoptar "medidas extremas no deseadas" para afrontar la crisis del sector. Entre ellas, la reducción del servicio de colectivos en un 25% y la suspensión progresiva y temporal del personal.
Daniel Orell, directivo de la entidad, recordó en rueda de prensa que los ingresos de las firmas prestatarias "son fijados por el poder concedente, y no por las empresas, por lo que estamos atados a una decisión política".
Tras una reunión entre los directivos, se dio lectura a un comunicado de prensa para expresar que se ha llegado "a un punto de inflexión".
En ese marco, anunciaron que, "ante la imperiosa urgencia y necesidad de mantener el servicio público y las fuentes de trabajo", se vieron en "la obligación" de tomar una serie de medidas. Mencionaron la decisión de "proceder a la reducción del servicio en un 25%, hasta tanto podamos consensuar soluciones definitivas y coyunturales".
En paralelo, indicaron, se avanzará con "la suspensión temporal del personal de conducción", que llevará de manera progresiva y "a medida de la necesidad del servicio reducido".
"Les pedimos sepan disculpar estas medidas extremas hoy tomadas y no deseadas", expresaron en AETAT.
Punto límite
Jorge Berretta, directivo de Aetat, agregó que "estamos al borde de la quiebra total del sistema de transporte público de Tucumán".
Berreta, citando a diferentes referentes políticos, remarcó que, según los informes de costos, un boleto debería estar valuado en $500. "Pero estamos percibiendo (mediante el cobro del viaje y las compensaciones) $235. Desde hace mucho tiempo, en más o en menos, el déficit es continuo y acumulativo", reprochó.
En esa línea, reclamó "que los poderes concedentes se hagan eco de los estudios técnicos" y "no cajoneen" los documentos donde calculan los costos del estudio, para que "entre todos busquemos una solución".
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