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Vientos Tucumanos Noticias
El estudiante de medicina, Enrique Bustamante, acusado de haber trabajado en una clínica de Concepción prestando servicios como médico terapista sin poseer título habilitante y utilizando la matrícula profesional de otro médico, Sergio Guillermo Martínez (M.P. 6933), accedió a una suspensión de juicio a prueba tras una presentación realizada por sus defensores técnicos.
En una audiencia realizada a tal fin, hoy miércoles 27 de setiembre, sus abogados ofrecieron un resarcimiento económico por el monto de $350.000, la realización de tareas comunitarias en un merendero y reglas de conducta que deberá cumplir.
El caso fue investigado por la Unidad de Decisión Temprana de Concepción, a cargo del fiscal Miguel Varela, luego que un médico de la capital denunciara que había descubierto que otra persona ejercía la medicina con su nombre y con su número de matrícula en un sanatorio para pacientes del PAMI. Por este motivo, en junio del año pasado dicha fiscalía imputó al hombre de 40 años por los delitos de usurpación de títulos y honores, y ejercicio ilegal de la medicina.
Suspensión del proceso
Durante la audiencia de esta mañana, la auxiliar de fiscal, María Emilia López Delgado, dio dictamen favorable al ofrecimiento de la defensa. La funcionaria hizo mención a que el acusado no contaba con antecedentes penales y que, de acuerdo al Código Procesal, el mismo podía acceder a dicha salida alternativa.
Luego de escuchar a las partes, el juez interviniente resolvió finalmente hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba bajo los siguientes términos: que el acusado haga efectivo en el plazo de 72 horas, el pago del dinero ofrecido cuyo destino será una institución de bien público a determinar por el Ministerio Público Fiscal; la realización de tareas comunitarias por cuatro horas semanales en un merendero del barrio 11 de enero ubicado en la zona oeste de la capital, por el plazo de dos años; el cumplimiento de reglas de conducta por ese mismo tiempo; y la obligación de finalizar la carrera de medicina en un plazo no mayor a tres años.
