El Ministerio Público activó la aplicación de las leyes, que impulsadas por el Ministro Fiscal Edmundo Jiménez, fueron recientemente sancionadas por la Legislatura, para accionar la  figura de la prisión preventiva en los procesos de flagrancia, motoarrebatos y escruches.

Para ello, el jefe de los fiscales emitió sendas resoluciones instruyendo a los Fiscales de Instrucción Penal de los tres Centros Judiciales de la provincia (Tucumán, Monteros y Concepción), para la aplicación de la normativa que ya está en vigencia que incluye la prisión preventiva. De tal modo que los delincuentes detenidos infraganti en delitos de robo y hurto, como así también robos en la vía pública, que signifique grave peligro psicofísico para la víctima o cuando sea evidente el aprovechamiento de las circunstancias de mayor vulnerabilidad, ya sea en razón de la edad o condición, por el hecho de ser mujeres, menores, ancianos y discapacitados, puedan ser pasibles al dictado de la prisión preventiva por un plazo máximo de dos años, para los desapoderamientos cometidos en la vía pública mediante la utilización de motocicletas, o cualquier tipo de transporte en general.

El Ministro Fiscal también dispuso que los señores fiscales confeccionen un informe mensual en el cual se detallen las causas en donde se aplicó este supuesto normativo. En el mismo, deberán consignar fecha del requerimiento de la prisión preventiva o de su rechazo, la autoridad jurisdiccional interviniente y el plazo por el cual fue otorgada la medida cautelar. Esta parte de resolución admite la posibilidad de realizar un seguimiento detallado del funcionamiento de estas nuevas disposiciones legales.

La decisión del Ministerio Público, sobre la aplicación de la prisión preventiva, va en consonancia con la preocupación que el jefe de fiscales transmitió días atrás a la Legislatura, acercando los proyectos de ley que fueron tratados y aprobados, en la expectativa de mejorar, el servicio de Justicia y evitar que los