La Iglesia Católica de Tucumán se opone a la baja de la edad de imputabilidad de los menores

La Iglesia Católica de Tucumán expresó su preocupación por los proyectos legislativos que buscan bajar la edad de imputabilidad de los menores. Con el propósito de trasladar esa inquietud, el arzobispo, monseñor Carlos Sánchez, se reunió con diputados y con senadores nacionales.

“Como Iglesia de Tucumán, compartimos con los representantes nacionales de nuestra provincia, y con la comunidad toda, nuestra mirada e inquietudes, sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en nuestros contextos sociales y al mismo tiempo, expresar nuestra preocupación ante propuestas de reforma del régimen penal juvenil que buscan bajar la edad de punibilidad, incluso hasta los 13 años”, expresa el texto de la Pastoral Social.

Añade que esas ideas y reflexiones “son fruto de la experiencia de trabajar y conocer la realidad de las cárceles, de las familias de las personas presas, de los menores que han infringido la ley, de los menores que viven y se desarrollan en nuestros barrios, en especial, las comunidades más vulnerables y más carenciadas”. “Queremos ser la voz de aquellos que habitan estas realidades, y ser la voz de aquellos que se han visto cercenados o violentados en sus derechos y en su dignidad”, destaca la Iglesia.

El Arzobispo de Tucumán Carlos Sánchez fue la principal voz de la iglesia tucumana 

En junio, el Gobierno nacional presentó el proyecto de reforma de la ley penal juvenil. Entre otras cuestiones, establece que los menores de entre 13 y 18 años que delinquen pueden ser privados de la libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo” y que se debe comunicar a sus padres de la imputación y los actos procesales.

De la reunión de ayer participaron monseñor Sánchez y otras autoridades eclesiásticas; los diputados Pablo Yedlin y Gerardo Huesen; y el abogado Juan Andrés Robles en representación de Carlos Cisneros. También, las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila.

“Observamos en las estadísticas que, en general, los adolescentes no son el problema principal de la inseguridad. Los delitos cometidos por adolescentes, entre 14 y 16 años, representan el 0,4%, un porcentaje bajo respecto de los delitos cometidos en el país. Y el porcentaje de participación en homicidios es del 0,7%”, expresa el documento, con citas de estadísticas de la Corte de la Nación de 2023. Y se agrega: “las experiencias internacionales han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate de la inseguridad.  Por otro lado, es evidente que los contextos en los que se producen hechos delictivos de adolescentes, están involucrados adultos que los conducen a estas conductas, cuando no directamente las fuerzan, ya sea desde la entrega de un arma, la logística, la comercialización de los bienes robados o el narcotráfico. Un menor que entra en conflicto con la ley, o bien está influenciado por un adulto que lo manipula para beneficio propio, o bien está abandonado a su propia suerte por el mundo adulto y sus instituciones”.

Según el Arzobispado, “proponer la baja de edad de punibilidad como solución a la problemática de la niñez y adolescencia que delinque no es más que exceptuarnos de la responsabilidad que nos toca a todos ante una realidad que como ciudadanos (y más aún como cristianos) nos interpela y nos pide que tomemos parte en su cuidado". Frente a esto, la Pastoral Social considera que es necesario un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y que promueva el desarrollo de los menores, pero “sin bajar la edad mínima de punibilidad”. Para ello, proponen fortalecer los dispositivos actuales y el vínculo entre el Estado y las organizaciones de la comunidad, promoviendo una justicia restaurativa que reduzca la reincidencia, además de un sistema de justicia especializado, para adolescentes y jóvenes, con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley, antes que la represión.

Alternativas
En lugar de bajar la edad de imputabilidad de los menores, la Iglesia plantea la necesidad de que haya un abordaje diferenciado desde el inicio de la investigación hasta la finalización de la sanción, con la participación de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos interdisciplinarios “y con la consiguiente asignación de recursos económicos”.

“Las políticas de seguridad dirigidas, fuertemente hacía los adultos, con el objetivo de evitar la cooptación de niños y jóvenes. Las políticas de seguridad enfocadas en los grandes eslabones de la delincuencia, como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas”, añade el texto divulgado entre los diputados y senadores nacionales por Tucumán.

En esa línea, el Arzobispado sugiere que toda reforma de la ley vaya acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia. Estos programas, adujo, deben contemplar:

- La promoción y trabajo de reinserción social.
- La reinserción educativa.
- El tratamiento específico, de los consumos problemáticos en niños y adolescentes.
- Capacitación y formación en oficios.
- Planes de trabajo personalizados que tengan por objetivo que puedan responsabilizarse de sus acciones y reparar el daño producido.
- Sanciones alternativas que alejen a los adolescentes del delito, tales como prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, obligación de reparar lo dañado, entre otras.
- Promover y facilitar espacios recreativos y formativos comunitarios, con participación de la familia. (programas deportivos, de formación artística y en oficios).

FUENTE: LA GACETA