Legisladores del bloque Compromiso Tucumán rechazaron que el PE compre 100 ómnibus para empresas privadas

Apenas pasaron 24 horas del ingreso del DNU 5/3 a la Legislatura por la compra de 100 colectivos y ya generó una fuerte controversia. Legisladores del bloque Compromiso Tucumán rechazaron que el Poder Ejecutivo pretenda ampararse en la Emergencia del Servicio de Transporte (9.773) para adquirir una centena de ómnibus para empresas privadas, sin licitación pública, por un monto que rondaría los $16.000 millones.

El parlamentario Walter Berarducci presentó un proyecto de ley en rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el lunes el gobernador Osvaldo Jaldo, con el aval de todo su Gabinete de ministros. Consideró que el instrumento excede las facultades de la emergencia, ya que se autoriza a otorgar subsidios o compensaciones, pero -dijo- que no se comparece con la posibilidad de adquisición de colectivos. Argumentó que se estaría “capitalizando con fondos públicos a empresas privadas que brindan servicios deficientes para los tucumanos”.

En el documento enviado por el Poder Ejecutivo (PE) se menciona que se facultará a los Ministerios de Obras y Servicios Públicos (a cargo de Marcelo Nazur) y de Economía y Producción (Daniel Abad) para la adquisición de las unidades se realizará por contratación directa, previo cotejo de precios, destinada a la adquisición de unidades cero kilómetros para el transporte público de pasajeros. Se argumentó que si bien se tomaron medidas transitorias en el marco de la emergencia, la falta de renovación de las unidades de transporte es uno de los aspectos más críticos que debe abordarse con urgencia.

Berarducci, en su proyecto, propone en el primer artículo el rechazo del DNU. Luego, que se faculte ambas carteras provinciales a hacer un llamado a licitación pública por la adquisición de 100 colectivos cero kilómetros (con todas las comodidades). Además, añadió en la propuesta que las unidades adquiridas “serán transferidas a título oneroso, a las empresas concesionarias, conforme su situación de prestación de servicio, calidad y antigüedad de su parque automotor, situación jurídica, económica, financiera y demás requisitos que establezca la reglamentación”. En declaraciones aclaró que no está en contra de la renovación de las unidades, sino del procedimiento.

Traspaso casi mágico
En una tónica muy similar se expresó Claudio Viña, presidente de la bancada que integra Berarducci. El legislador alfarista remarcó que todo lo que sea para mejorar el servicio es bienvenido, pero advirtió que el anuncio del gobernador no se ajusta a las disposiciones vigentes. Señaló también que la Emergencia no autoriza la compra de unidades de colectivos para luego cederlas, mucho menos a través de un procedimiento sin licitación pública.

“La declaración de emergencia se origina en la Ley 9.102, de 2018. En ella sólo se establece la facultad del PE para otorgar subsidios mensuales a las empresas de transporte, a través de Aetat, con el objeto de garantizar la prestación del servicio y, fundamentalmente, el mantenimiento de la fuente de trabajo”, dijo el líder de Nueva Fuerza. Agregó que en las prórrogas nada se dice sobre la adquisición de coches ni de la eximición de la aplicación de la Ley de Administración Financiera (6.970).

Viña reconoció que los vehículos que circulan por la provincia se encuentran en “estado calamitoso”, pero manifestó que eso no es justificativo para pasar por encima de las normas vigentes. “Más allá de que la contratación directa no está autorizada por ninguna ley, el decreto acuerdo, de quedar firme, puede por sí autorizarla, pero lamentablemente incurre en demasiadas inconsistencias”, dijo. Señaló especialmente que no se precisa la modalidad de devolución, el monto, el plazo ni los intereses que deberán afrontar los empresarios. “Recibirán las unidades de manera casi mágica”, ironizó.

Por último, el parlamentario consideró “un tanto temerario” que se pretenda ceder unos $18.000 millones a empresas que -según sus propias declaraciones- son inviables y no pueden afrontar el pago de la planilla salarial ni renovar la flota. “A mi entender, amerita que el mencionado decreto sea rechazado”, sentenció.

FUENTE: LA GECETA