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Vientos Tucumanos Noticias
Un preceptor que se desempeñaba en el Hogar de Niños y Niñas Casa de Hermanos, en Yerba Buena fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba tras ser acusado de presentar certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales. La medida alternativa tendrá una duración de un año e incluye tareas comunitarias y un aporte económico a un voluntariado.
La audiencia se realizó este lunes 2 de marzo. Allí se resolvió conceder la probation al imputado por el delito de uso de documento falso o adulterado, en concurso real, en perjuicio de la fe pública.
El primero de los tres hechos ocurrió el 12 de junio de 2025. En esa ocasión presentó ante la Oficina de Personal un certificado con membrete de la Policlínica Municipal de Tafí Viejo, donde se le otorgaban 72 horas de licencia. El documento consignaba como médico interviniente al doctor Pablo Vallejo, especialista en Cirugía de Cabeza y Cuello, con sello y firma falsificados.
Meses después, el 29 de septiembre de 2025, envió por WhatsApp a la jefa de Personal la imagen de otro certificado falso, esta vez con membrete del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda. El documento estaba fechado el 25 de septiembre y le indicaba 48 horas de reposo, nuevamente atribuido al mismo profesional.
Finalmente, el 1 de octubre volvió a presentar un tercer certificado apócrifo ante la institución, esta vez con sello de la Policlínica Doctor Pedro Solórzano, también fechado el 25 de septiembre y por 48 horas de licencia, repitiendo la utilización de datos y firma falsificados.
Las condiciones para evitar el juicio
Como parte de la probation, el acusado deberá cumplir durante un año tareas comunitarias en la Fundación “Espacio para la Libertad”, que funciona en el Centro Penitenciario de Villa Urquiza, con una carga de tres horas semanales.
Además, se comprometió a realizar una donación de $300.000 al voluntariado “Buscando Sonrisas” como medida reparatoria.
Con estas condiciones, el juez interviniente dispuso la suspensión del proceso a prueba por el plazo de doce meses. El cumplimiento de las reglas quedará bajo control judicial y, de respetarse lo acordado, el imputado evitará el juicio oral.
