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La pulseada para apartar al juez Guillermo Acosta de una causa penal iniciada por el intendente Roberto Sánchez (UCR) contra su antecesor, el legislador oficialista Osvaldo Morelli, tendrá su desenlace hoy a partir de las 11. A esa hora está previsto que las magistradas Cecilia Tasquer y Patricia Carugatti anuncien si hacen o no lugar a las impugnaciones que articularon el abogado querellante y secretario de Gobierno, Julio César Herrera, y el fiscal regional Mariano Fernández. Pedro Brito, defensor de Morelli y de su hijo, el funcionario provincial Franco Morelli, se opone al apartamiento de Acosta. El resultado de esta contienda incidirá sobre el destino del caso puesto que, inmediatamente, Acosta o su eventual reemplazante ha de resolver un pedido de sobreseimiento que formuló Brito con el argumento de que transcurrieron el plazo razonable y el plazo procesal para investigar los supuestos actos ilícitos.
En juego está el esclarecimiento del uso dado a $20 millones del erario municipal que equivalen a U$S 7 millones de la época de los hechos, según Herrera. La denuncia que este y Sánchez presentaron originalmente ante la Justicia Federal cuestiona los contratos celebrados por la Municipalidad a cargo de Morelli y la Cooperativa de Trabajo Miguel Lillo. Una auditoría atinente a 2014 y 2015 practicada por la contadora Dora Mercedes Bueno reveló que empleados municipales administraban la cooperativa; que esta carecía de estados contables y certificado de funcionamiento normal expedido por la Provincia, y que incumplía sus obligaciones estatutarias y previsionales. “En concreto, la gestión de Morelli pagaba a la cooperativa por obras que hacía el personal municipal con maquinaria y materiales municipales. El responsable técnico que emitía los certificados era el hijo de Morelli y los pagos se hacían con cheques que jamás fueron emitidos a la orden de la entidad contratada”, alegaron los denunciantes el 20 de mayo de 2016.
La causa pasó por numerosas vicisitudes: en los Tribunales provinciales de Concepción, el juez Acosta hizo lugar a una excepción por falta de acción a favor del actual legislador y dispuso el archivo de las actuaciones, y el fiscal Miguel Varela solicitó la investigación jurisdiccional de este. En marzo, Herrera recusó a Acosta por considerar que había prejuzgado; que no había investigado a Morelli y que existía una animosidad manifiesta de su parte, entre otros motivos. En la audiencia virtual de recusación sustanciada el jueves, Brito pidió el rechazo de la impugnación. “Mi posición ha sido que la mejor garantía para las partes litigantes es el juez natural, que no está para favorecer a ninguna, sino para preservar la igualdad. El planteo de la recusación no cita ninguna causal específica: después, Herrera dejó entrever que sería una enemistad manifiesta, pero ello obliga a separar al abogado, no al juez. Por otro lado, el fiscal regional adujo que Acosta debía inhibirse porque ya había fallado, pero eso no lo inhabilita para continuar en la investigación”, explicó. El defensor añadió que de todos modos ya había vencido con creces el término de seis meses previsto en el nuevo Código Procesal Penal para investigar los hechos. “No se puede mantener a una persona en una situación de incertidumbre”, observó. (La Gaceta)
