El oficialismo otorga a Pisa el “ticket” para una jubilación de más de $ 300.000 por mes

Los poderes Ejecutivo y Legislativo manejaron los tiempos para que uno de los jueces más polémicos de la historia reciente del Poder Judicial pueda retirarse jubilado con un haber excepcional superior a los $ 300.000 mensuales. Juan Francisco Pisa consiguió así la misma salida que antes habían logrado dos ex fiscales acorralados por los cuestionamientos: Carlos Albaca y Guillermo Herrera. El gobernador Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse firmaron el “ticket” ayer, horas antes de que venciera el plazo de 20 días hábiles otorgados a la comisión legislativa de Juicio Político que domina el oficialismo para resolver si acusaba o no a Pisa por su desempeño en una de las 14 denuncias que presentó la víctima Paola Tacacho. Por la tarde, los legisladores encabezados por el justicialista Sergio Mansilla dejaron en suspenso la decisión sobre el enjuiciamiento con la disidencia del alfarista Raúl Pellegrini, quien propuso avanzar fundado en la obligación de aplicar la perspectiva de género.

Manzur, quien no había adelantado una posición respecto de la dimisión condicionada que Pisa había presentado el 15 de octubre, deliberó durante 132 días. En paralelo, Juicio Político estiró todo lo posible una definición. El 17 de febrero, la comisión en la que 10 de sus 12 miembros responden al Gobierno se reunió, pero no trató el caso “Pisa”, pese a que estaba habilitada para hacerlo, y a la presión de los familiares de la víctima para que el juez sea enjuiciado y destituido, como sucedió con Enrique Pedicone -fue expulsado de la Justicia justamente aquel miércoles por “la violación sistemática de los derechos de las víctimas de delitos”, y “la actuación sin competencia” en las causas “Bravo” y de los billares-. Mariela Tacacho, madre de la joven asesinada por Mauricio Parada Parejas, opinó que Manzur “cumplió su parte en el pacto de impunidad” con Pisa y bajo la lluvia reclamó justicia en la Casa de Gobierno (se informa por separado).

La aceptación de la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el beneficio del 82% móvil activa la cláusula 30 de la Ley 8.734, que hace caer los pedidos de expulsión (ver texto legal por separado). Esta norma obliga a suspender el análisis de las denuncias de mal desempeño por 60 días siempre y cuando el Gobierno acepte la dimisión antes de que la comisión formule la acusación, que es la situación en la que estaba Pisa. Si este no lograra jubilarse en aquel término, el procedimiento debería ser reanudado. Pero como el juez ya tiene acordado el beneficio, según lo que Manzur y Vargas Aignasse informaron en el Decreto 369/14, es posible que su pase al sector pasivo se concrete en el cortísimo plazo. Mientras tanto, Pisa seguirá desempeñándose como juez de Instrucción en lo Penal Nº1 del régimen de conclusión de causas del antiguo sistema, donde, entre otros expedientes sensibles, controla la denuncia que Pedicone interpuso contra Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema.

En un empeño inédito, Pellegrini votó para que la comisión de Juicio Político deje de lado la legislación local y acuse a Pisa en función de los pactos internacionales que privilegian la protección de las mujeres sometidas a la violencia. Esta idea innovadora no prosperó: el comité se atuvo a rajatabla a la normativa provincial. Integran este cuerpo los oficialistas Mansilla, Zacarías Khoder (se excusó respecto de Pisa porque este ha de resolver sobre la elevación a juicio de un caso de supuestos actos de corrupción que lo involucra), Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Mariela Reyes Elías, Graciela Gutiérrez, Renée Ramírez, Enrique Bethencourt y Carlos Gómez; el alperovichista aliado al Gobierno, Julio Silman; el bussista Mario Casali y Pellegrini. La oposición se lanzó este miércoles en masa a denunciar “un pago de favores” del peronismo hacia un funcionario que, por sus sentencias favorables al poder, es apodado “el Oyarbide tucumano” (se informa por separado).

Pisa obtuvo su nombramiento como juez de Instrucción en el período en el que el ex gobernador José Alperovich disfrutó de discrecionalidad absoluta para cubrir las vacantes (a partir de 2009 las designaciones están ligadas a las propuestas surgidas de concursos). En un solo acto el hoy senador kirchnerista con licencia designó a tres protagonistas de la Justicia penal de este milenio: Pisa y los ex fiscales Adriana Giannoni y Herrera. “Hacía falta llenar las distintas vacancias. Ahora ese fuero va a funcionar mucho mejor”, había anunciado en mayo de 2004 el entonces ministro de Gobierno y Justicia, y hoy jefe de los fiscales con licencia, Edmundo Jiménez. Siete meses después de jurar en el cargo, Pisa cobró protagonismo al sobreseer a todos los involucrados en “PIBE”, pesquisa que pretendía dilucidar presuntas irregularidades en la contratación de publicidad oficial durante la gestión de Julio Miranda y que involucraba a la ex primera dama Beatriz Rojkés.

El juez luego intervino decisivamente para aliviar a funcionarios en los casos “Gasnor”, “Funsal” y “Teves”, y hasta anuló el requerimiento de investigación jurisdiccional de Albaca, controvertido ex fiscal de la causa “Lebbos” cuyo juzgamiento aún no llega. En su momento, el magistrado fue reconvenido por la propia Justicia por haber prejuzgado a favor de Gustavo Jiménez, hijo de Jorge Jiménez, ex ministro de Economía histórico del alperovichismo, en el expediente “Marchese”. Pisa incluso sobreseyó a Manzur por el supuesto enriquecimiento ilícito atinente al período 2003-2009 mediante una resolución de mayo de 2017 que recién trascendió a comienzos de 2020.

Aceptación de la dimisión

“Presentada la renuncia del (juez) denunciado, sólo producirá sus efectos cuando fuera aceptada por el titular del Poder Ejecutivo. Sólo en este último caso se clausurarán las actuaciones en el estado en que se encuentren.  Esta consecuencia se aplicará únicamente a la renuncia lisa y llana del denunciado. Para el supuesto de que este presente su renuncia en forma condicionada y esta fuera aceptada por el Poder Ejecutivo en forma previa a la acusación, el trámite del procedimiento de enjuiciamiento será suspendido por el término de sesenta (60) días. Cumplido dicho plazo sin que se materialice la condición a la cual se subordina la dimisión, la renuncia aceptada condicionalmente no tendrá ningún efecto y deberá continuar el procedimiento establecido en esta ley (8.734). La renuncia podrá presentarse hasta que la Comisión Permanente de Juicio Político formalice la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento: vencido dicho plazo, toda renuncia que se presente o se encuentre pendiente de aceptación por parte del Poder Ejecutivo tendrá suspendido su trámite hasta la conclusión del proceso, y la instancia acusatoria continuará conforme lo dispuesto por esta ley y la Constitución de la Provincia. En este caso, el Poder Ejecutivo se abstendrá de aceptar o rechazar la renuncia (del magistrado acusado) hasta tanto el Jurado se haya expedido condenándolo o absolviéndolo. Aún aceptada la renuncia, si se estimare que de las actuaciones surge la comisión de algún delito, la Comisión deberá remitirla al Poder Judicial para dar curso a la investigación pertinente. A los efectos del presente artículo, sólo se aceptará la renuncia lisa y llana del acusado, por lo que, mientras se encuentre en el ejercicio de la jurisdicción, será pasible de ser juzgado ante el Jurado de Enjuiciamiento”.

Fuente: La Gaceta