La prohibición de la ocupación de las plazas con elementos de bares, es mirada con buen ojo por unos y criticado por otros

La nueva disposición municipal que prohibe la ocupación de las plazas con elementos de bares aledaños es mirada con buen ojo por unos y criticado por otros. Mientras que las autoridades defienden la idea de la liberación del espacio público para los ciudadanos -con la posterior elaboración de un marco legal que reordene el sistema-, otros funcionarios sostienen que no es el momento correcto para pensar en quitar al sector privado espacio para que potencien sus actividades gastronómicas, dado el contexto económico.

La polémica responde a una medida impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán el lunes pasado. Con ella, los bares, heladerías y cafeterías aledaños a la plaza Urquiza quedaron impedidos de colocar mesas y sillas en la plazoleta de barrio Norte; algo que estaba permitido desde la pandemia por coronavirus.

El Ejecutivo municipal defiende que se trata de un plan de reordenamiento del espacio público; y que también se prevé llevar la disposición a la plaza San Martín y otros paseos de la ciudad.

Carlos Ríos, subsecretario de Relaciones Institucionales estableció que “no existe ninguna ordenanza reglamentada que permita a los comerciantes ocupar paseos públicos con sus instalaciones”, y anunció la voluntad de la Capital de instrumentar una nueva disposición para ordenar la ocupación de la vía pública con mesas y sillas. A su vez, indicó que la ordenanza 5277 -que se refiere a la existencia de un “Programa de Polos Gastronómicos”- no fue ejecutada, aprobada ni reglamentada.

Además, el funcionario aseguró que la Municipalidad “entiende y escucha” la demanda del vecino de recuperar algunos espacios. “No estamos diciendo que no se va a hacer nunca más, sino (que se hará) con una serie de condiciones que tienen que ser reglamentadas”, dijo Ríos.

Y agregó: “hoy a los propietarios que alquilan estos bares les cobran más caro el alquiler porque les dicen que tienen el espacio público para que lo puedan usar; no debería ser así”. Lanzó, por ello, que existe una “informalidad” en el asunto que debe ser revisada por los funcionarios de la Municipalidad para que la ciudad se maneje dentro de un marco legal. “Hasta el empresario mismo lo necesita para que tengamos en claro cuál es el reglamento y el alcance de los mismos; y lo que podemos hacer y no”, planteó Ríos.

FUENTE: LA GACETA