Se desplazó de sus puestos a los ahora ex directores del Ersept Luis Morghenstein y Beatriz Bordinaro de Peluffo

Los cortes de la electricidad persistían. En su domicilio privado, el gobernador Osvaldo Jaldo era uno más de los usuarios afectados por las restricciones del servicio, producto del esquema diseñado por la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET). El mandatario levantó el teléfono y se comunicó con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. “Hay que tomar una decisión; demasiadas quejas de la sociedad más allá de las cuestiones del calor”, dicen que le transmitió el titular del Poder Ejecutivo a su colaborador. Inmediatamente, comunicó que Abad será el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept).

Jaldo evitó tomar una decisión que afectara directamente al ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti, quien se encuentra en Buenos Aires en gestiones oficiales. Esta mañana ordenó la firma de un decreto de Necesidad y Urgencia firmado por todos los ministros del gabinete. La norma será enviada a la Legislatura para su tratamiento. De esa manera, se formalizó la intervención que será ejercida por el propio Abad durante los próximos 120 días. De esa manera, se desplazó de sus puestos a los ahora ex directores del organismo de control Luis Morghenstein y Beatriz Bordinaro de Peluffo.

El ministro de Economía, en su nuevo rol de interventor, irá a primera hora del lunes a tomar posesión del cargo en el Ersept. Una de las primeras acciones que encarará será la reformulación del área de mesa de entradas, donde llegan las quejas de los usuarios de los servicios de electricidad y de agua. Además, requerirá un amplio informe acerca de los planteos formulados por los clientes de las compañías distribuidoras respecto de eventuales daños a aparatos por efecto de los cortes. 

El DNU planteará “la urgente necesidad de asegurar el estricto cumplimiento de los derechos de los usuarios”. Además expresará que es el Ersept el organismo que debe controlar esa situación y que ahora requiere de una reformulación para que las acciones del Estado tengan una mayor efectividad y celeridad posible.
La intervención, como se formula en la legislación vigente, suele ser transitoria y excepcional. Nada asegura que en 120 días se logre el objetivo inicial propuesto. Por esa razón, puede ser prorrogada. De allí la necesidad de comunicar el decreto a la Legislatura, conforme con las pautas constitucionales establecidas en el artículo 101, inciso 2.