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El acusado habría accedido sin autorización a la cuenta de Home Banking de la víctima para gestionar un crédito de $14.000.000. Luego se habría transferido $5.000.000 a su cuenta mediante engaño
JUDICIALES 13 de junio de 2024Por el hecho tomó intervención la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad de Concepción, bajo la dirección de Mónica García de Targa.
La Unidad investigativa, representada por el auxiliar de fiscal Fernando Sale, formuló cargos contra el sujeto de 23 años a quien se le atribuyeron los delitos de acceso sin autorización a un sistema de datos informáticos correspondiente a un servicio financiero en concurso ideal con el delito de estafa, en calidad de autor.
Según la acusación, los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2024, cuando el imputado ingresó sin autorización a la cuenta de Home Banking de la víctima, a quien conoce porque lo ayuda en su consultorio médico.
Utilizando medios aún están bajo investigación, gestionó un crédito personal por $14.000.000 y luego transfirió la suma de $5.000.000 a la cuenta de otra mujer (sería paciente del consultorio). Con esta última, se habría comunicado posteriormente fingiendo ser el propietario de los fondos y solicitando la devolución de la transferencia, engañando a la misma que le transfirió nuevamente el dinero, pero esta vez a su cuenta personal.
La maniobra fraudulenta fue descubierta por la víctima cuando advirtió que figuraban $9.000.000 extras en su cuenta, la solicitud del préstamo y el movimiento asociado con la otra mujer.
Medidas
Para profundizar la investigación y resguardar el proceso, la fiscalía solicitó medidas de coerción de menor intensidad en contra del imputado, como ser la obligación someterse al proceso, no obstaculizar la investigación y fijar y mantener un domicilio.
Asimismo, se pidió un anticipo jurisdiccional de prueba para la apertura de un celular, un pendrive, una PC y una laptop secuestrados al acusado, para la extracción de datos mediante UFED. Por último, la unidad investigativa solicitó una medida cautelar para que el banco se abstenga de realizar el cobro del crédito a la víctima.
En su resolución, el juez interviniente concedió todas las peticiones del MPF, permitiendo avanzar con las investigaciones en curso.
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