Narcotráfico y lavado en Alberdi: la causa pasa a la Justicia Federal

La Justicia ordinaria declaró la incompetencia del Ministerio Público Fiscal en la investigación del caso de Juan Bautista Alberdi. Esto significa que la Fiscalía provincial abandonará la causa y el expediente será remitido a la Fiscalía Federal N°2, donde ya se está llevando a cabo una investigación por el mismo hecho. Pese a la resolución, el juez interviniente dispuso que los imputados por el MPF continúen cumpliendo la medida de prisión preventiva.

El legajo se abrió en la Fiscalía Regional a raíz de las actuaciones de oficio iniciadas por el Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía de Tucumán, luego de que el 5 de junio se difundiera el audio de una llamada telefónica que mantuvieron el empresario Roque “Chipi” Giménez y el entonces intendente de Alberdi, Luis“Pato” Campos, en septiembre de 2024, en la cual se vincula a funcionarios alberdianos con irregularidades en las obras públicas, la comercialización de drogas, tráfico de menores y el lavado de activos.

El MPF imputó a Giménez como coautor del delito de intimidación pública y autor del delito de atentado contra el orden público. Días más tarde, acusó a Pablo Ezequiel Barrionuevo, José Albano Loru, José del Carmen Roldán y José Ignacio Funez por asociación ilícita. Con el avance de la investigación, los resultados de la pesquisa llevaron a que la fiscala Mónica García de Targa se replanteara el destino de la causa al considerar que no estaban ante un caso de narcomenudeo, sino de narcotráfico, delito que excede a la competencia de la Justicia provincial.

El 27 de junio, luego de formular los cargos en contra de los cuatro funcionarios y solicitar su prisión preventiva, el auxiliar de fiscal, Bernardo Sassi, siguiendo las instrucciones de la titular de la UFI, le solicitó al juez Fabián Edgardo Rojas que declare la incompetencia del MPF y que el expediente fuera remitido a la Justicia Federal. En dicha oportunidad, el magistrado negó el pedido aludiendo que la audiencia no sólo ya llevaba más de nueve horas de haber iniciado, sino que no había sido agendada con ese propósito, él ya había emitido su resolución y los defensores ya habían interpuesto el recurso de impugnación a la medida de coerción.

Segundo intento

El 2 de julio, se celebró una nueva audiencia donde el MPF insistió nuevamente en que se declarara su incompetencia en la causa. Al argumentar el pedido, Sassi explicó que tanto la Justicia Federal como la ordinaria están investigando una hipótesis similar, en la cual se repiten los nombres de los sospechosos. La teoría de ambas fiscalías sostiene que en el municipio de Alberdi podría haber funcionado una estructura criminal que habría lavado activos provenientes de la distribución de la distribución y comercialización de droga. El mecanismo utilizado, según la investigación, fue la contratación directa de obras públicas y el manejo irregular de los fondos del erario público.

El Grupo CERO trasladando a algunos de los detenidos de la causa. El ex intendente Campos no está entre los detenidos / foto VIENTOS TUCUMANOS

Sassi también indicó que el hecho de que se estén desarrollando dos investigaciones de forma paralela por los mismos delitos podría acarrear graves perjuicios a la recolección de evidencias e inclusive a las personas investigadas. Como ejemplo mencionó la situación de Funez, quien está en calidad de imputado en la jurisdicción provincial y a su vez está como testigo en la investigación federal.

También informó que la Fiscalía Federal llevó a cabo medidas de allanamiento en las cuales se secuestraron documentos de interés para ambas causas. En consecuencia, dijo que la información que brindó el interventor Guillermo Norry a la Fiscalía Regional “podría ser parcial en razón de que ya se había secuestrado documentación de la Municipalidad por orden de la justicia federal”.

El juez Rojas rechazó nuevamente el pedido argumentando que ya estaba fijada la fecha de la audiencia de impugnación requerida por los defensores Florencia Abdala(Roldán), Tomás y Nicolás Arce(Barrionuevo) y Javier Lobo Aragón (Loru). El 4 de julio el juez Paul Hofer escuchó los planteos de los abogados, quienes pidieron que se revoque la prisión preventiva a sus pupilos. En su resolución reafirmó la medida de coerción y ordenó que se le notifique al juez Rojas que ya estaba en condiciones de atender la solicitud de la Fiscalía.

Incompetencia

Ese mismo día se emitió la nueva sentencia, en la cual Rojas resolvió declarar la incompetencia material del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Concepción, del Poder Judicial de Tucumán, para intervenir en la causa. Además ordenó que todas las actuaciones, secuestro y demás elementos probatorios fueran remitidos al Juzgado Federal N°2 -al mando de Rafael Vehils Ruiz-, y que Roldán, Barrionuevo, Loru y Giménez permanezcan cumpliendo la preventiva en el penal de Benjamín Paz.

“La teoría del caso en ambas jurisdicciones sería de similares características, es decir que se trataría de una presunta asociación ilícita que tendría como fin la ejecución de delitos entre los cuales estaría la distribución y comercialización de estupefacientes, delitos que en principio superarían los supuestos que establece la ley 26.052. Más allá de que puedan existir delitos comunes cometidos por esta presunta organización criminal, considero que el fuero federal sería aun así el competente”, fundamentó Rojas. “Asimismo, en el artículo 43 del Código Procesal Penal de Tucumán se establece que ‘si a una persona se le imputase un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal, el orden de juzgamiento se regirá por la ley nacional’”, agregó.

Causa Federal: la teoría del caso
 
La hipótesis que realizó la Fiscalía Federal N°2 plantea que  el ex intendente Luis Campos, la legisladora Sandra Figueroa, el ex secretario de Hacienda José Roldán y el supuesto empresario Roque “Chipi” Giménez podrían haber montado una organización para el lavado de activos y la confabulación en el tráfico de drogas. El fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la detención de todos, a excepción de la parlamentaria, pero el pedido fue rechazado por el juez José Manuel Díaz Vélez. Una vez que el expediente de la Justicia ordinaria llegue a sus manos deberá examinar los nuevos elementos probatorios para reforzar su teoría fiscal e intentar nuevamente que acepten su pedido de detención.

Fuente: La Gaceta