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La Corte Suprema de Justicia actualizó el monto del perjuicio económico en la causa conocida como “Vialidad”. De los $85 mil millones fijados originalmente en la sentencia de 2022, la cifra fue ajustada por peritos oficiales a $684.990 millones, lo que equivale a unos 540 millones de dólares al tipo de cambio actual. La nueva estimación será evaluada por el Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Cristina Kirchner y a otros ocho acusados por un esquema de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
El nuevo cálculo se hizo sobre la base del IPC del INDEC y con intervención de especialistas del Ministerio Público Fiscal. Se tuvieron en cuenta los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones, pagos por obras no ejecutadas y precios injustificados en 51 contratos adjudicados a Lázaro Báez en Santa Cruz. Según la sentencia, el empresario recibió el 86% de las obras viales en esa provincia entre 2003 y 2015.
Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta —pena que cumple en su domicilio—, fue señalada como jefa de una “maquinaria de corrupción estructural”, en palabras del fallo de segunda instancia. La Justicia consideró que el plan fue ejecutado desde la primera línea del Estado y en beneficio propio y de aliados, en perjuicio de los intereses públicos.
El tucumano José López entre uno de los condenados
Entre los demás condenados están Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros cinco exfuncionarios vinculados a la obra pública: Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. El fiscal Diego Luciani advirtió que la ejecución del decomiso será clave para resarcir el “daño social inconmensurable” causado.
Una vez que el Tribunal confirme los montos, los condenados serán intimados a pagar en un plazo de 10 días. Si no lo hacen, se activará la ejecución de los bienes ya embargados, que incluyen propiedades, vehículos, cuentas bancarias y acciones de empresas.
En el caso de Cristina Kirchner, se mantiene el embargo sobre fondos y propiedades a nombre suyo y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. También se apunta al paquete accionario de Hotesur, Los Sauces y COMA S.A. Báez, por su parte, tiene más de 130 inmuebles registrados, en su mayoría en Santa Cruz, además de constructoras vinculadas a la causa.
Aunque por ley el dinero recuperado iría al presupuesto del Poder Judicial, los fiscales Luciani y Sergio Mola propusieron que los fondos se destinen a fines sociales: salud, educación, vivienda o infraestructura. “Debe haber un resarcimiento real al Estado y a la sociedad”, remarcaron.
Este caso fue el primero que llevó a una condena firme contra la expresidenta, pero no será el último. Cristina Kirchner aún enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos la causa de los cuadernos y las investigaciones por lavado a través de Hotesur y Los Sauces.
Fuente: Infobae
