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Radicales solicitaron que la legisladora sea apartada por 120 días hábiles. Según el oficialista Vargas Aignasse: “No hay amparo para nadie”
POLITICA09 de octubre de 2025
Vientos Tucumanos Noticias
Legisladores de la oposición presentaron un proyecto de resolución para que la parlamentaria Sandra Figueroa sea suspendida de sus funciones “mientras se sustancia la causa penal federal en la que se encuentra procesada por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y confabulación con el narcotráfico”.
La presentación fue realizada por el radical José Cano (Radicalismo Federal), con el apoyo de su correligionaria Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán). La solicitud fue ingresada por mesa de entradas después del mediodía y en ella se pidió la suspensión por 120 días hábiles en el ejercicio de las funciones legislativas de la parlamentaria justicialista. “Durante el período de suspensión dispuesto en el artículo anterior, la legisladora Figueroa quedará inhabilitada para participar en las sesiones del cuerpo y en las reuniones de comisión de la Honorable Legislatura de Tucumán”, se plasmó en el proyecto de resolución.
Sin prisión preventiva
El juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó el miércoles el procesamiento de Figueroa; de su esposo, Luis “Pato” Campos (ex intendente); de los ex funcionarios José Roldán (secretario de Hacienda) y Pablo Barrionuevo (secretario de Acción y Desarrollo Social); el ex concejal José Albano Loru; y el empresario Roque “Chipi” Giménez. La resolución es por lavado de activos, confabulación para el narcotráfico y asociación ilícita. Les trabó un embargo por $1.400 millones en total. A los últimos cuatro se les dictó la prisión preventiva y a los primeros dos se les prohibió salir de la provincia y el país sin autorización.
El matrimonio Campos- Figueroa están imputados sin prisión preventiva
"Es deber de este Poder resguardar el decoro, la dignidad y la transparencia de su funcionamiento”
En los fundamentos, los radicales mencionaron que la Cámara que conduce Sergio Mansilla de modo interino no puede permanecer indiferente ante hechos de una gravedad institucional inédita que compromete la credibilidad del Poder Legislativo. Se señaló que, de acreditarse las acusaciones, “configuran una ofensa directa a los valores republicanos, la ética pública y el honor del cuerpo legislativo”.
En el escrito firmado por Cano y Elías de Pérez hizo alusión al artículo 64 de la Constitución (régimen de inmunidades y el procedimiento de desafuero), pero remarcó que también "es deber de este Poder resguardar el decoro, la dignidad y la transparencia de su funcionamiento”.
También mencionó que el artículo 58 de la Carta Magna menciona que la Legislatura podrá corregir a cualquiera de sus 49 miembros. “Resulta indispensable reafirmar que la inmunidad parlamentaria no equivale a impunidad”, expusieron los radicales. “La Legislatura tiene la obligación moral y jurídica de evitar que un miembro procesado por delitos de extrema gravedad continúe ejerciendo funciones que comprometen la legitimidad del Cuerpo”, fundamentaron.
Sin obstaculización
Fuentes parlamentarias remarcaron que la Justicia Federal notificó a la Legislatura del procesamiento. Mencionaron que posiblemente la parlamentaria alberdiana solicite licencia en la Cámara, algo que ya había hecho en junio cuando se dispuso la intervención de Alberdi y la destitución de Campos a partir de unos audios que se hicieron virales.
Por el lado del oficialismo, el legislador Gerónimo Vargas Aginasse repasó que cuando el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la intervención del Municipio y del Concejo Deliberante por DNU, la Cámara avaló la determinación por unanimidad. “No existe ningún tipo de amparo ni connivencia”, remarcó. Además, consideró desafortunado que el candidato a diputado Roberto Sánchez trate de vincular al Gobierno con el narcotráfico a pesar de que Jaldo fue quien más medidas tomó en contra de las drogas.
Respecto a la imputación, Vargas Aignasse mencionó que aguardarán para ver cómo avanza la Justicia con el tema. “De ninguna manera desde la Legislatura ni este Gobierno vamos a poner ningún obstáculo en todo el proceso que se debe llevar adelante. Acá no hay amparo para nadie. De ninguna manera -y hablo en mi rol de simple legislador- voy a obstaculizar ningún avance que haga la Justicia en este sentido”, declaró.
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