El gobernador Juan Luis Manzur le concedió la renuncia condicionada al juez penal Juan Francisco Pisa, quien había iniciado este trámite en octubre pasado con el objetivo de acceder a su jubilación como magistrado judicial, lo que incluye el beneficio del 82% móvil.

La decisión del mandatario se conoció por decreto 369/14 y tiene impacto directo en el trámite de remoción iniciado en contra de Pisa en el ámbito de la comisión de Juicio Político de la Legislatura.

Este comité parlamentario, integrado por 13 miembros (11 oficialistas y dos opositores), debía resolver hoy si hacía suyas las acusaciones por presunto mal desempeño en contra del juez penal por su desempeño en una de las denuncias formuladas por la docente salteña Paola Tacacho en contra de un alumno que la acosaba, Mauricio Parada Parejas. Según la familia de la joven asesinada a puñaladas en pleno Barrio Norte, correspondía la remoción del magistrado por no haber dispuesto medidas privativas de la libertad en contra de Parada Parejas, quien había sido denunciado en reiteradas ocasiones por su ex profesora de Inglés debido al permanente hostigamiento que sufría.

Hoy a las 18, la comisión de Juicio Político debía resolver si acusaba a Pisa ante el Jurado de Enjuiciamiento o si desestimaba los planteos en contra del funcionario judicial.

Pero el titular del Poder Ejecutivo aceptó la dimisión condicionada del juez penal, en el marco de los pasos de rigor para su retiro con el 82% móvil. Ante ello, "caen" automáticamente las denuncias tramitadas por Juicio Político.

Mariela Tacacho, madre de Paola, había publicado ayer una carta solicitando a los legisladores que hicieran lugar al proceso de remoción del magistrado. Antes, había requerido en diversas ocasiones a Manzur que rechazara la renuncia condicionada al juez penal.