Durante la mañana de este viernes 26 de marzo, el Ministerio Fiscal impulsó la realización de una audiencia para la formalización de la investigación y formulación de cargos contra una mujer acusada de múltiples estafas realizadas en la ciudad de Concepción.

La mujer, identificada como Norma del Valle Rearte, se encuentra investigada por una serie de hechos ocurridos entre 2016 y este año, donde mediante engaños, ofrecía a sus víctimas la adjudicación de casas del Instituto Provincial de la Vivienda.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Miguel Varela, que inició la investigación correspondiente luego de una serie de denuncias realizadas en noviembre del año pasado por un grupo de personas que señalaron a la mujer. Las mismas se fueron acumulando a las presentaciones de nuevos damnificados, sumando 34 hasta la fecha.

El caso

De acuerdo a datos del expediente, la acusada se comunicaba telefónicamente con sus víctimas a las que les ofrecía la entrega de casas, ya que según les comentaba tenía contactos e influencias en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en San Miguel de Tucumán. A cambio, la falsa gestora les solicitaba sumas de dinero que iban desde 20.000 a 200.000 pesos, para el inicio de las gestiones que les aseguraría posteriormente la entrega de dichas viviendas.

Según las diferentes denuncias efectuadas por las víctimas ante el Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2021. De acuerdo a testimonios de los damnificados, para afianzar la confianza generada, la impostora les enviaba mensajes de textos, los llamaba telefónicamente de manera frecuente e incluso trasladaba a algunas víctimas a los barrios Uno, Dos y Tres de Concepción, a fin de que las mismas conozcan las viviendas que les serían entregadas.

Promesas incumplidas

Finalmente, cuando llegaba la fecha pactada, la entrega prometida no se concretaba debido a que la imputada las dilataba mediante excusas y pretextos de falta de finalización del trámite, demoras a raíz de la pandemia y falta de respuestas del IPV. Ante los reiterados reclamos de las víctimas, Reartes cortó todo tipo de comunicación con ellas, bloqueando en su teléfono celular a los damnificados y quedándose con su dinero. Fuentes del caso afirmaron que la suma recaudada por las estafas sería cercana a $2.000.000. Días atrás, desde la UFI interviniente se llevó a cabo una medida de allanamiento en el domicilio de la mujer donde se secuestraron un celular, notas a nombre de las víctimas dirigidas a la falsa interventora con sellos apócrifos y recibos de diferentes personas.

Cabe destacar que por hechos de idénticas características, la misma unidad investigativa mantiene un proceso abierto contra un hombre de apellido Comolli, quien fue acusado después de ser denunciado por actuar bajo el mismo modus operandi. Actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera del juicio. En este sentido, fuentes del caso informaron que, si bien son dos causas distintas, por las similitudes no se descartan vínculos y conexiones que son materia de investigación.

Formulación de cargos

"Entre los meses de agosto de 2016 y enero de 2021, usted, Norma del Valle Reartes, procurando obtener un beneficio económico indebido, mediante llamados telefónicos se contactó con las víctimas a quienes, con la intención de crear en ellos cierto grado de confianza, les manifestó falsamente ser empleada del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Aprovechándose de la confianza generada y haciendo alusión a sus contactos e influencias, les ofreció entregarles una vivienda social, para lo cual les solicitaba a los damnificados la confección de carpetas con documentación personal más una suma de dinero para dar comienzo a las gestiones que les aseguraría posteriormente la entrega de dichas viviendas.

Asimismo, y como parte del circuito de su engaño les enviaba a las víctimas mensajes de textos, los llamaba telefónicamente de manera frecuente y hacía reuniones grupales. Finalmente, cuando llegaba la fecha pactada para la entrega de las viviendas prometidas, la misma no se concretaba debido a diferentes excusas, quedándose usted con el dinero que las víctimas le entregaron a ese efecto, ocasionándoles en definitiva un grave perjuicio patrimonial”, dice la acusación formalizada por el Ministerio Fiscal contra la mujer que fue imputada por los delitos de estafas reiteradas en concurso real contra las 34 personas.

Celular con información clave

A su vez, durante el acto procesal la UFI interviniente solicitó la apertura del teléfono celular secuestrado en la causa, a efectos de recabar toda información vinculada con el hecho investigado. Además, se dispuso de medidas coercitivas de menor intensidad en contra de la mujer, entre las cuales se le impone la prohibición de salir de la provincia y acercarse a las víctimas por los próximos 6 meses mientras avanza la causa.