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Argumentaron que la magistrada que fue corrida “marcó un perjuicio para las partes”. El proceso vuelve a foja cero.
La Justicia impuso una orden de restricción perimetral contra la máxima autoridad de la iglesia Católica de Salta, y lo citó a una audiencia el próximo 3 de mayo. “Lo que la denuncia busca es que cese el peligro y cesen los actos de violencia física y/o psicológica".
JUDICIALES 20 de abril de 2022La abogada Claudia Zerda Lamas presentó el último martes 12 de abril —junto a su colega José Viola— la acusación formal realizada por tres monjas de clausura de la orden Carmelitas Descalzas contra el Monseñor Mario Antonio Cargnello —Arzobispo de la Arquidiócesis de la provincia— por violencia de género, en la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG) del Poder Judicial de Salta.
“Las hermanas Carmelitas son personas cristalinas y transparentes: no mienten. Que la Madre Priora haya llegado al punto de realizar esta denuncia quiere decir que lo hace desde el estado de desesperación más grande que le puede traer el miedo. Es muy fuerte lo que digo, porque es muy fuerte escucharlas”, le dijo a Infobae la Dra. Zerda Lamas. La abogada no accedió a brindar detalles sobre los hechos denunciados, pero insistió que se trata de una acusación “muy seria y muy fundada”.
El caso estalló a nivel local justo en la antesala de Semana Santa y recayó en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tercera Nominación, a cargo de la jueza María Carolina Cáceres Moreno.
“Se ha llegado a un punto límite tal de dolor y sufrimiento que no le quedó otro camino a la Madre Priora que instruirnos para poner freno a esta serie de amenazas y descalificativos —detalló la abogada—. Es un sufrimiento muy agraviante que no es un hecho aislado. Es consecuencia de muchos años de malestar con el señor Arzobispo”.
El Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas, lugar en el que viven las monjas de clausura de la orden Carmelitas Descalzas en Salta
“Lo que la denuncia busca es que cese el peligro y cesen los actos de violencia física y/o psicológica contra la Priora y también contra las otras hermanas Carmelitas que están dentro del monasterio. Lo que están sufriendo es por su condición de mujer”, remarcó Zerda Lamas. “También se agrava por la desigualdad en relación de poder que implica la superioridad jerárquica que tiene en el plano eclesiástico el señor Arzobispo”, fundamentó la abogada.
La denuncia, a su vez, no sólo apuntó contra Cargnello. También lo hizo con el obispo emérito Martín de Elizalde y agregó luego al sacerdote colaborador de la Catedral salteña Lucio Ajaya. “Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas contra Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde Martín, por violencia de género”, indica la carátula oficial, tal como precisaron fuentes judiciales a este medio.
La jueza Cáceres Moreno, como primera medida cautelar, intimó “al sr Arzobispo monseñor mario Antonio Cargnello, Monseñor Martín De Elizalde y sacerdote Lucio Ajaya a abstenerse de ejercer actos de violencia de todo tipo y bajo cualquier modalidad en contra de las víctimas (la madre priora y otras dos monjas citadas con nombre de fantasía e identidad civil) y las demás germanas del monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas de Salta”.
A su vez, Cáceres Moreno impuso una una orden de restricción perimetral y le prohibió a Cargnello, De Elizalde y Ajaya acercarse a menos de 300 metros del domicilio de las víctimas, ubicado en el cruce de las calles céntricas Caseros y Santa Fe, a cinco cuadras de la Catedral salteña. La jueza también ordenó custodia policial en el Monasterio San Bernard y, por último, fijó una audiencia entre las partes para el martes 3 de mayo a las 9 de la mañana.
En este sentido, justamente el lunes de esta semana, el Arzobispo salteño se presentó ante la Justicia acompañado por su abogado defensor, Eduardo Romani (ex presidente del Colegio de Abogados y Decano de la facultad de Derecho de la Ucasal) y pidió la “prórroga de plazos”.
Desde la defensa del Arzobispo, consultados por Infobae, sostienen que la abogada de las denunciantes realiza declaraciones a los medios que “no concuerdan con la supuesta denuncia” y garantizan que no hubo “ningún acto de violencia” por parte del religioso.
Fuente: Infobae
Argumentaron que la magistrada que fue corrida “marcó un perjuicio para las partes”. El proceso vuelve a foja cero.
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