Este domingo, 24 de septiembre, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que conduce Mariana Rivadeneira, solicitó una audiencia de formalización de cargos para imputar a una estudiante del último año del profesorado de Biología, apodada “Majo” de 24 años, por el delito de intimidación pública, en perjuicio de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi de San Miguel de Tucumán, ocurrido el lunes 28 de agosto pasado.

Luego de describir el hecho, la Fiscal se refirió a las evidencias, entre ellas, el secuestro de su teléfono celular y el informe del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) a raíz del oficio enviado a Google (el correo de donde provino la amenaza era de Gmail) y a la empresa local de televisión por cable e internet donde estaba alojado el IP, cuyo usuario correspondía a la imputada. “Es alumna de la escuela y ese día, a las 10:58 horas, utilizó un IP que pudimos determinar que le fue designada como usuaria (de una empresa local de televisión por cable e internet). Tenemos que tener en cuenta con el secuestro del teléfono con una actividad que no sería ajena porque hay mensajes, mail e información que ha sido borrada. Este detalle no es menor porque integraría un grupo de Whatsapp que aludía al tema de las amenazas de bomba”, mencionó la Fiscal sobre el modus operandi (de forma anónima y digital). “La señorita hizo desaparecer evidencia importante que entorpece la investigación con datos borrados que conlleva un arduo trabajo de software y sistemas operativos para recolectar esa información no menor. Debemos continuar con la investigación para determinar otros autores, coautores o testigos y la relación con los otros hechos (se hicieron otras seis amenazas en el establecimiento). Es una investigación compleja por el modo de comisión y restan medidas como recibir información de testigos, de compañeros de cursado y de los dos señores de la fotocopiadora (quienes recibieron el mail)”, agregó la representante del MPF.

A continuación, pidió la prisión preventiva por 90 días para la estudiante y la inhibición general de bienes (por el monto de $3.000.000 por el término de seis meses –que demandará la investigación-). Por su parte, la defensa solicitó medidas de menor intensidad (arresto domiciliario). Posteriormente, la jueza actuante afirmó que se alteró la paz social por lo que hizo lugar, parcialmente, al planteo de la Fiscalía concediendo la medida de mayor intensidad por el término de 30 días, disponiendo su traslado al servicio penitenciario (Unidad N°4). En tanto, la magistrada rechazó la inhabilitación general de bienes. Finalmente, la defensa hizo reserva de impugnar lo resuelto.

Cómo sucedieron los hechos

El lunes 28 de agosto, a las 10:58 horas, la acusada con intenciones de causar temor público envió un correo electrónico a la casilla de correo de la fotocopiadora de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Juan Bautista Alberdi, que se encuentra ubicada en el interior del establecimiento educativo sito en calle Muñecas 216 de San Miguel de Tucumán, utilizando para el envío del mismo una conexión de internet de una empresa prestataria local de televisión por cable desde un IP asociado al domicilio de calle Garmendia al 400 de esta ciudad. El mail fue recibido por los empleados de la fotocopiadora y el mismo decía: “Buenos días estimados trabajadores de la sociedad cooperativa de la Escuela Normal, me comunico con ustedes con el fin de que resguarden su seguridad y asimismo todo el alumnado del establecimiento debido a que en la jornada de hoy mi equipo estará dejando un dispositivo de bomba en un rincón de la institución en son de protesta por el pésimo desempeño del personal administrativo en los tres turnos tanto de preceptores como de la secretaria y del rectorado”.

De esta manera provocó temor entre los miembros de la escuela y la población en general por lo que tuvieron que intervenir personal policial y bomberos, aplicando protocolo para el caso, procediendo a trasladar a los 1.200 alumnos del turno mañana (nivel inicial y nivel secundario) al patio interno (ubicado en la parte de atrás) del establecimiento suspendiendo las clases a los fines del registro del lugar, generando tumulto en la gente que circulaba por la peatonal y caos en el tránsito por el despliegue de móviles de personal policial, bomberos y defensa civil.